Redacción Evaldia.net
Santo Domingo, R. D.- En la continuación de las pesquisas que lleva a cabo el Ministerio Público, contra los presuntos acusados de actos de corrupción del pasado gobierno de Danilo Medina, en la llamada «Operación Anti-Pulpo», la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), interrogó este viernes a las ex funcionarias Yocasta Guzmán, de Compras y Contrataciones e Iris Guaba, del Plan Social de la Presidencia.
En el caso de Iris Guaba, llegó a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Antes de entrar al interrogatorio dijo que “vino para dar la cara”, pero además expresó que confía en el Ministerio Público.
En el caso de la exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, habría sido citada para declarar acerca de presuntos casos de corrupción en proceso de compra en Instituto Nacional para la Primera Infancia (Inaipi), en la gestión de Berlinesa Franco.
El pasado mes de octubre el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, depositó tres expedientes ante la Pepca para que sean investigados algunos procesos de compras irregulares que habrían sido realizados por dos instituciones públicas durante el pasado gobierno de Danilo Medina.
Las presuntas irregularidades, que deben ser investigadas por el Pepca, fueron cometidas en el Plan Social de la Presidencia, que dirigía Iris Guaba, y en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) durante la administración de Berlinesa Franco.
De acuerdo con las informaciones aportadas por Carlos Pimentel, desde 2019 ha sido identificada una recurrencia sospechosa en los procesos de compras de del Plan Social de la Presidencia que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.
Supuestamente esas acciones se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios y que la única explicación para ello es la existencia de vínculos entre funcionarios y proveedores del Estado, establece una comunicación.
Mientras que los dos expedientes del Inaipi, uno refiere que en el 2016 esa institución incurrió en violación a los procedimientos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, al realizar procedimientos de urgencias de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado RD$208.05 millones.
Según auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos electrónicos de comunicaciones, materiales y suministro, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.
Los dos expedientes del Inaipi tienen que ver con irregularidades detectadas en el proceso Inaipi-CCC-LPN-2018-01 que data desde 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (Cafi) a nivel nacional, establece la documentación depositada.
Compras y Contrataciones asegura que Inaipi adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos que superan los RD$60 millones con los argumentos de que había sido un proceso transparente en el que las compañías cumplieron con los requisitos del pliego de condiciones.
