La solicitud fue hecha a través de una querella formal presentada ante la Procuraduría General de la República.
En el documento legal también se dispone la ejecución de todas las diligencias necesarias para culminar con la investigación de los hechos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal.
La acción legal también incluye al supuesto detective Ángel Martínez, por los mismos hechos de difamación e injurias.
En ese orden, el abogado de la ministra, Miguel Valerio, calificó de “falsas, difamatorias e hirientes” las afirmaciones hechas por el autodenominado detective Ángel Martínez, quien también fue querellado junto a Ingrid Jorge.
Valerio señaló que, si bien Martínez ha emitido un pedido de perdón público, no ha reconocido la falsedad de las informaciones difundidas, las cuales afectaron profundamente a la familia Raful, incluyendo a un hijo menor de edad.
“Esto no se trata de un simple perdón. Aquí hay implicaciones graves que afectan la vida privada y la imagen pública de la ministra y su entorno familiar”, subrayó el jurista.
En cuanto a Ingrid Jorge, el abogado indicó que la ésta continúa sosteniendo versiones sin sustento y adelantó que en los próximos días estarán requiriéndole presentar las pruebas de sus afirmaciones públicas.
La ministra Raful sostiene que dichas afirmaciones no solo carecen de fundamento, sino que constituyen un ataque directo a su dignidad, a la institucionalidad que representa y a su entorno personal.
