Las empresas señaladas se dedican principalmente a actividades comerciales como la distribución de ropa, electrodomésticos, enseres del hogar y otras mercancías.
De acuerdo con Migración, seis de estas empresas ya pagaron voluntariamente las multas impuestas, mientras que cinco solicitaron reconsideración, dos están siendo procesadas en el Tribunal Superior Administrativo, y las doce restantes se encuentran en proceso de apoderamiento ante las instancias correspondientes.
Las sanciones económicas oscilan entre 5 y 30 salarios mínimos del sector público, lo que representa multas de entre RD$75,000 y RD$450,000, dependiendo del nivel de incumplimiento de cada empresa. La Dirección Jurídica de la DGM está a cargo de los procedimientos legales en curso.
La institución destacó que esta ofensiva forma parte de un plan nacional que busca garantizar un mercado laboral ordenado, fomentar el respeto a la ley migratoria, y prevenir prácticas ilícitas que impacten negativamente la estabilidad social y económica del país.
