Los casos incluyen a jóvenes, menores de edad, comerciantes y ciudadanos comunes que han sido agredidos, detenidos arbitrariamente o abatidos sin justificación aparente.
Activistas que han denunciado públicamente la situación
Virgilio Almanza, presidente de una organización de derechos humanos, calificó los hechos como una “masacre prolongada a manos de agentes que actúan fuera de la ley, con respaldo de una estructura de impunidad”.
Fábito Ozoria, defensor de derechos humanos en San Antonio de Guerra, denunció el asesinato de un joven en un colmado, a manos de una patrulla policial, sin que este portara armas.
Diógenes Ozuna, desde el distrito municipal de San Luis, expuso el caso de un menor asesinado en el sector La Casita. «Ni siquiera iba armado. Lo mataron como a un animal», afirmó.
Nelio Feliz, activista en el sector Las Américas, denunció la golpiza brutal contra empresarios chinos en el Barrio de Villa Duarte. Según él, “la policía los golpeó hasta hacerlos sangrar, sin mediar palabra, y los responsables siguen patrullando”.
José Luis García, defensor en el sector Monserrat, denunció que el joven Antonio Infante, conocido como “El Poli”, fue detenido cuando buscaba atención médica, esposado y posteriormente golpeado por agentes en Los Frailes. Murió horas después.
Impunidad prolongada
A pesar de la gravedad de los hechos, ningún alto mando ha sido removido en Santo Domingo Este. El general encargado de la zona lleva más de cuatro años en funciones, y ni el director de la Policía Nacional ni el presidente Luis Abinader han adoptado medidas contundentes para detener esta escalada.
Los activistas exigen una investigación independiente, sanciones ejemplares y reformas urgentes en la estructura policial.
Cifras preocupantes
En 2024, la Policía Nacional habría matado al menos 120 personas en todo el país en supuestos “intercambios de disparos”, según datos de prensa.
Solo en los primeros cinco meses de 2025, al menos 65 civiles murieron en circunstancias similares.
Santo Domingo Este concentra una parte significativa de esas muertes, muchas sin justificación legal ni respuesta judicial.
Llamado a organismos nacionales e internacionales
Los defensores de derechos humanos piden la intervención del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, para investigar lo que describen como una política de represión con tintes sistemáticos.
