Por: Rev. Fidel Lorenzo/Pte. FEJUS.
Sto. Dgo. RD.- La República Dominicana enfrenta un problema estructural que debilita sus cimientos democráticos y compromete su desarrollo: la corrupción gubernamental. En un Estado donde el imperio de la ley no se aplica con rigor, las prácticas corruptas se filtran en todos los niveles de la administración pública, creando un círculo vicioso de impunidad y desconfianza ciudadana.
Lo más preocupante es que no se necesita ocupar un cargo en el gobierno para beneficiarse de estas distorsiones. Basta con tener acceso a los círculos de poder, conexiones con familiares o allegados de funcionarios, para saltarse los procedimientos establecidos y obtener contratos ventajosos. Esto coloca en desventaja a suplidores auténticos y empresas que cumplen las reglas, creando un mercado desigual que erosiona la competitividad y la transparencia.
En este escenario, los presidentes que mantienen un control minucioso del aparato estatal no tienen excusas frente a los actos de corrupción cometidos en su entorno. El estilo personal de gobernar no puede convertirse en un escudo para justificar irregularidades, sino en un compromiso de vigilancia y sanción. El mandatario, como jefe de Estado, debe asumir con igual responsabilidad el éxito o el fracaso de su gestión.
Los funcionarios públicos, por su parte, enfrentan un dilema: ¿ceden a las presiones de parientes y allegados de los presidentes por debilidad institucional, o existe una complicidad consciente que los asocia directamente con el delito? Esta pregunta refleja el nivel de deterioro en la cultura política, donde las líneas entre influencia, favoritismo y corrupción se han desdibujado peligrosamente.
La lucha contra la corrupción no puede ser un simple discurso de campaña ni un eslogan para calmar el descontento social. Requiere voluntad política, independencia de la justicia y una ciudadanía vigilante que no tolere más impunidad. En definitiva, un presidente no solo debe rendir cuentas por los logros de su administración, sino también por los excesos, abusos y prácticas corruptas que ocurren bajo su mandato.
La República Dominicana necesita un Estado fuerte, con instituciones sólidas, donde la ley no sea un adorno, sino una norma de aplicación real para todos. De lo contrario, seguiremos atrapados en la paradoja de un país con potencial de desarrollo, pero encadenado a la corrupción que le impide avanzar.
