Por: Rev. Fidel Lorenzo/Pte. Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS)
En un verdadero Estado social y democrático de derecho, la presunción de inocencia debe ser el punto de partida en toda investigación judicial. Sin embargo, en la República Dominicana se ha vuelto común que la condena moral anteceda a la judicial, muchas veces dictada desde los medios de comunicación y las redes sociales, en lugar de provenir de los tribunales competentes.
El debido proceso, principio que garantiza la igualdad de las partes, la defensa y la imparcialidad de los jueces, resulta debilitado cuando comunicadores y opinadores sustituyen el papel del Ministerio Público y los jueces, estableciendo “sentencias mediáticas” que impactan la percepción social antes de que se pronuncie la justicia.
El riesgo de esta práctica no es menor: se erosiona la credibilidad de las instituciones, se violenta el derecho al buen nombre y se deja la justicia expuesta a presiones externas, en vez de a la solidez de las pruebas. Lejos de fortalecer la lucha contra la corrupción o la criminalidad, el juicio mediático debilita la confianza ciudadana en la independencia judicial.
Es urgente que como sociedad entendamos que la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y la condena a los tribunales de justicia, no a los programas de opinión ni a las plataformas digitales. Solo así preservaremos el equilibrio entre el interés colectivo y los derechos fundamentales, garantizando que toda persona sea considerada inocente hasta que una sentencia firme indique lo contrario.
La democracia dominicana se fortalece no con condenas apresuradas, sino con procesos transparentes, imparciales y ajustados a la ley. Defender la presunción de inocencia y el debido proceso no es un favor a los culpables, sino una garantía que protege a todos los ciudadanos.
