Por: Rev. Fidel Lorenzo/Dir. Ejec. Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS).
Sto. Dgo. RD.- En la República Dominicana, el debate sobre el papel del Estado en la reducción de la pobreza vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública. Diversos analistas advierten que el modelo asistencialista dominante se ha convertido en un mecanismo que perpetúa la dependencia y alimenta estructuras de clientelismo político profundamente arraigadas.
El paternalismo estatal entendido como la intervención constante del gobierno para suplir necesidades básicas sin promover autonomía ha generado efectos que, lejos de aliviar la pobreza, la consolidan. Para críticos de esta práctica, se trata de una política que “ata al ser humano a la miseria”, debido a que limita la capacidad de los ciudadanos para construir proyectos de vida independientes y sostenibles.
Populismo y construcción de identidades desde el poder.
La dinámica populista presente en el país ha reforzado esta situación. Según especialistas, no se trata únicamente de un recurso retórico, sino de la construcción deliberada de identidades colectivas que giran alrededor de la dependencia al Estado. Dentro de este modelo, el poder político define quién recibe asistencia, bajo qué condiciones y con qué frecuencia, reduciendo el espacio para el cuestionamiento ciudadano y la libre participación.
Asistencialismo masivo y clientelismo político.
Una parte significativa del presupuesto nacional se destina a programas sociales que, aunque presentados como herramientas de combate a la pobreza, suelen operar con poca fiscalización y altos niveles de discrecionalidad. Esto abre la puerta a prácticas clientelistas que utilizan el gasto público como forma de asegurar lealtades políticas.
Para varios sectores, el resultado es un círculo vicioso: el Estado sostiene programas que alivian momentáneamente necesidades urgentes, pero no promueven capacidades productivas ni permiten la movilidad social. A esto se suma un “parasitismo social” que se genera cuando las ayudas se conciben como un derecho automático, y no como un mecanismo transitorio hacia la autonomía económica.
Hacia un modelo de desarrollo basado en la autogestión.
La alternativa, según quienes critican este enfoque, pasa por transformar la política social dominicana. Se propone avanzar hacia programas de desarrollo comunitario y autogestión, en los que el Estado acompañe procesos productivos en lugar de sustituirlos. Esto incluye la creación de empleos de calidad, salarios dignos, incentivos a la productividad y políticas de seguridad laboral que permitan a las familias consolidar ingresos estables.
El desafío consiste en romper con la dependencia estructural y reemplazarla por un modelo que fomente el esfuerzo, la responsabilidad y la creación de oportunidades reales. Dejar atrás el asistencialismo masivo y reorientar los recursos hacia el desarrollo sostenible podría significar un cambio profundo en la lucha contra la pobreza y en la relación entre ciudadanía y Estado.
