Por: Fidel Lorenzo
Por años, la Ciudad Colonial de Santo Domingo ha sido presentada como un símbolo de identidad, historia y orgullo nacional. Allí se levanta la primera catedral de América y los vestigios del hospital más antiguo del Nuevo Mundo. Sin embargo, lo que debía ser un proceso de rescate patrimonial se ha convertido, para muchos ciudadanos, en una experiencia prolongada de incertidumbre, pérdidas económicas y abandono institucional.
La intervención de la Ciudad Colonial no es reciente. Desde hace más de una década, distintos gobiernos han impulsado proyectos de remodelación y revitalización con el objetivo de convertir la zona en un destino turístico de clase mundial. En teoría, la iniciativa es loable: preservar el patrimonio, mejorar la infraestructura y dinamizar la economía. En la práctica, sin embargo, los resultados han sido profundamente cuestionados.
Uno de los principales problemas ha sido la duración excesiva de las obras. Lo que debió ejecutarse en fases organizadas y eficientes se ha extendido por años, afectando de manera directa la vida cotidiana y la actividad económica de la zona. Calles cerradas, accesos limitados y trabajos inconclusos han reducido el flujo de visitantes, provocando que muchos negocios operen al mínimo o, en el peor de los casos, cierren sus puertas.
Aunque no existen cifras oficiales claras sobre la cantidad de empresas que han quebrado, basta recorrer la zona para constatar la realidad: locales vacíos, letreros retirados y propietarios que han visto desaparecer inversiones construidas durante décadas. La falta de datos transparentes no elimina el problema; más bien, lo agrava, al invisibilizar el impacto humano detrás de las decisiones administrativas.
A esto se suma una percepción cada vez más extendida: la actividad de la Ciudad Colonial parece haberse concentrado en unas pocas cuadras. Aunque el territorio no se ha reducido físicamente, la dinámica comercial sí lo ha hecho. El resultado es una zona fragmentada, donde la vitalidad se limita a corredores específicos mientras el resto permanece en una especie de limbo urbano.
Frente a esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿es esto consecuencia de una mala planificación o de una visión que prioriza el turismo por encima de la comunidad? No hay evidencia concluyente de una intención deliberada de desplazar a los residentes o comerciantes tradicionales. Sin embargo, las decisiones tomadas o la falta de ellas han generado efectos que, en la práctica, producen ese mismo resultado.
El desarrollo urbano no puede medirse únicamente en términos de estética o atracción turística. También debe evaluarse por su impacto social. Cuando familias pierden sus medios de vida, cuando comerciantes son forzados a cerrar y cuando la identidad viva de un lugar se debilita, el proyecto deja de ser un éxito, por más bien que luzcan sus calles renovadas.
Las autoridades han señalado que las obras concluirán en 2026. No obstante, la ciudadanía tiene razones válidas para cuestionar ese plazo, dado el historial de retrasos. Más allá de fechas, lo que realmente está en juego es la confianza pública y la credibilidad de las instituciones responsables.
La Ciudad Colonial no es solo un destino turístico. Es un espacio vivo, con historia, cultura y comunidad. Restaurarla no debería significar sacrificar a quienes la han sostenido durante generaciones. El verdadero reto no es solo reconstruir calles, sino garantizar que ese proceso incluya, respete y proteja a las personas.
La pregunta ya no es únicamente cuánto falta para terminar las obras, sino qué tipo de Ciudad Colonial quedará al final. Y, sobre todo, para quién será.
