Por: Rev. Fidel Lorenzo
El nuevo Código Penal de la República Dominicana debe entrar en vigor sin más demoras. Resulta difícil comprender que una legislación cuya discusión se prolongó por más de veinte años en el Congreso Nacional, y en cuyo proceso participaron juristas, académicos, organizaciones sociales, iglesias, gremios y otros sectores de la vida nacional, enfrente ahora un movimiento orientado a impedir su aplicación.
Es legítimo que existan observaciones y propuestas de mejora. Ninguna ley es perfecta, y toda norma jurídica puede ser perfeccionada con el tiempo. Sin embargo, pretender detener la entrada en vigencia del Código porque aún persisten diferencias sobre algunos de sus contenidos equivale a prolongar la permanencia de un marco legal ampliamente reconocido como obsoleto.
Las múltiples propuestas presentadas por distintos sectores evidencian que cualquier reforma futura tendría que ser integral y cuidadosamente estudiada. Ese proceso requerirá tiempo, consenso y un amplio debate nacional, por lo que resulta poco realista pensar que pueda completarse en el corto plazo.
La salida más responsable es permitir que el Código Penal entre en ejecución tal como fue aprobado y, paralelamente, que el Congreso Nacional abra un proceso de revisión para introducir las modificaciones que la experiencia de su aplicación y el consenso social consideren necesarias.
El país necesita herramientas legales modernas para enfrentar la criminalidad y responder a las nuevas modalidades delictivas. Retrasar indefinidamente la vigencia del Código no fortalece la justicia; por el contrario, mantiene importantes vacíos legales que afectan la capacidad del Estado para combatir el delito con mayor eficacia.
El Congreso Nacional no debe permitir que se boicotee una legislación que incorpora avances significativos para la persecución y sanción de numerosas conductas delictivas. La mejor forma de perfeccionar una ley es aplicarla, evaluar sus resultados y corregir aquello que la práctica demuestre que debe ser mejorado, no impedir que entre en vigor.
