Ruben Hernández/Jefe de Redacción/Editor Congreso
Las defensas de diez imputados señalados en el denominado caso Medusa solicitaron este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar extinguida la acción penal, al alegar que el expediente superó el plazo máximo de cuatro años previsto por la legislación procesal penal.
Se trata de Altagracia Guillén Calzado, Alfredo Solano Augusto, Javier Fortuna Ibarra, Jonathan Rodríguez Imbert, Miguel José Moya, Rafael Antonio Melgen Sena, Braulio Bautista Barías, Alejandro Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta y Félix Antonio Rosario Labrada, acusados de formar parte del entramado de corrupción que, según el Ministerio Público, habría estafado al Estado con más de RD$6,000 millones, junto al exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien anteriormente había presentado la misma solicitud.
Las defensas fundamentaron su petición en el artículo 148 de la Ley 76-02 y citaron criterios del Tribunal Constitucional para rechazar la posición atribuida al Ministerio Público sobre la existencia de un “plazo razonable” distinto del plazo legal de cuatro años. Ahora corresponde al tribunal decidir si acoge o rechaza la solicitud de extinción.
Los abogados sostienen que no han provocado dilaciones en el proceso y aseguran que, tras seis años desde el inicio del caso, el MP no ha logrado demostrar la comisión de los delitos atribuidos a sus representados. Este último punto debe presentarse siempre como argumento de las defensas, no como un hecho establecido judicialmente.
