Por: Rev. Fidel Lorenzo
El crecimiento demográfico y la presión migratoria constituyen asuntos de primer orden para la República Dominicana. No podemos continuar permitiendo que una realidad de semejante trascendencia para el futuro de la nación sea utilizada como simple instrumento de confrontación electoral, mientras se posterga la adopción de decisiones institucionales sostenibles, transparentes y efectivas.
La situación socioeconómica, política y de inseguridad que afecta a Haití ha generado una profunda crisis humana, con consecuencias directas sobre la República Dominicana, país que comparte con su vecino una frontera terrestre y una compleja realidad histórica. Sin embargo, comprender las causas de la crisis haitiana no significa que debamos asumir, sin límites ni planificación, responsabilidades que corresponden primordialmente al Estado haitiano y a la comunidad internacional.
La solidaridad humanitaria no puede confundirse con la renuncia a la soberanía, ni el respeto a los derechos humanos con la inaplicación de nuestras leyes.
Una frontera que exige autoridad y transparencia.
La porosidad fronteriza y las denuncias sobre redes de tráfico ilícito de migrantes obligan al Estado dominicano a investigar, identificar y someter a la justicia a todos los responsables, sin importar su posición, uniforme, influencia económica o vinculación institucional.
Si existen militares, funcionarios, intermediarios, traficantes o particulares que se enriquecen facilitando ingresos irregulares, deben responder ante los tribunales. Si alguna organización, independientemente de su naturaleza, incurre en prácticas ilícitas, corresponde investigarla con pruebas y aplicar la ley.
No es aceptable que quienes tienen la responsabilidad de proteger las fronteras terminen, por acción u omisión, contribuyendo a vulnerarlas. La lucha contra la migración irregular debe comenzar por desmontar las redes que la hacen posible, perseguir la corrupción y fortalecer los mecanismos de control y supervisión.
La pregunta que debe hacerse la sociedad dominicana es directa: ¿quiénes se benefician económicamente de esta situación y qué están haciendo las autoridades para desmantelar esas estructuras?
Demografía: una preocupación que requiere datos, no consignas.
La disminución de la fecundidad en la población dominicana, combinada con los movimientos migratorios y las diferencias que puedan existir entre las tasas de fecundidad de distintos grupos, plantea interrogantes legítimas sobre la evolución demográfica del país.
Pero una discusión seria exige datos verificables sobre natalidad, fecundidad, migración, residencia efectiva y composición de la población. Las diferencias en las tasas de fecundidad, por sí solas, no demuestran que una sustitución poblacional sea inminente o inevitable.
Precisamente por la trascendencia del tema, el Estado debe publicar estadísticas periódicas, fortalecer los estudios demográficos y ofrecer proyecciones sustentadas en evidencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo evolucionará la población y cuáles serán las implicaciones para los servicios públicos, el empleo, la educación, la vivienda, la seguridad social y la sostenibilidad fiscal.
La identidad nacional, la cohesión social y la capacidad del Estado para garantizar derechos y servicios son cuestiones demasiado importantes para dejarlas en manos de rumores, consignas partidarias o cálculos electorales.
La crisis haitiana no puede convertirse en una responsabilidad dominicana sin límites.
Durante años se ha reiterado en escenarios internacionales que la República Dominicana no puede ser considerada la solución a la crisis haitiana. Sin embargo, cuando el Estado dominicano no consigue hacer cumplir eficazmente sus propias disposiciones migratorias, surge una contradicción que merece una explicación pública.
No se trata de desconocer la tragedia que vive el pueblo haitiano, ni de convertir a sus ciudadanos en responsables colectivos de las debilidades institucionales dominicanas. Se trata de establecer responsabilidades, respetar las leyes y exigir que la comunidad internacional contribuya de manera efectiva a la estabilización de Haití.
La República Dominicana tiene derecho a definir y ejecutar su política migratoria dentro del marco constitucional, respetando los derechos fundamentales, los compromisos internacionales y las garantías del debido proceso.
Una política migratoria ordenada debe contemplar controles fronterizos efectivos, procedimientos de identificación, decisiones administrativas fundamentadas, mecanismos de deportación conforme a la ley y protección especial para quienes tengan derecho a ella.
La ausencia de una política coherente no favorece ni a los dominicanos ni a los propios migrantes. Favorece, sobre todo, a quienes lucran con el desorden.
La irresponsabilidad institucional puede alimentar la confrontación social.
Cuando los ciudadanos perciben que sus preocupaciones no reciben respuestas, que las normas se aplican de manera desigual y que las autoridades evitan asumir responsabilidades, crece la frustración y disminuye la confianza en las instituciones.
Ese escenario puede empujar a determinados activistas a proponer acciones directas contra ciudadanos extranjeros. Tal deriva debe preocuparnos profundamente.
Ninguna omisión gubernamental justifica las agresiones, las amenazas ni la persecución colectiva por nacionalidad. La responsabilidad por la migración irregular debe determinarse mediante procedimientos legales, nunca mediante la violencia ejercida por particulares.
El Estado tiene el deber de actuar antes de que la desesperación social se transforme en enfrentamientos. Su obligación es garantizar el orden, hacer cumplir la ley y proteger tanto la soberanía nacional como la integridad de todas las personas.
La autoridad democrática no se demuestra tolerando el desorden ni permitiendo que grupos particulares sustituyan a las instituciones. Se demuestra aplicando la ley con firmeza, imparcialidad y transparencia.
La sentencia 168-13 y la necesidad de una política integral.
La sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, dictada en 2013, constituye un precedente central en el debate dominicano sobre nacionalidad, registro civil y situación migratoria. Su alcance, sus consecuencias y las controversias que generó forman parte de una discusión jurídica y social que debe abordarse con rigor.
Cualquier política que se apoye en ese precedente debe considerar el marco constitucional, la legislación vigente, las decisiones judiciales posteriores y las obligaciones internacionales de la República Dominicana. La seguridad jurídica exige que las actuaciones estatales se ajusten a esos parámetros.
Sin embargo, ninguna sentencia, por importante que sea, puede sustituir una política migratoria integral, una frontera debidamente controlada, un sistema de registro eficiente y una estrategia diplomática capaz de involucrar a la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones para Haití.
La respuesta no puede limitarse a reaccionar cuando el problema alcanza niveles de tensión. Debe construirse sobre planificación, coordinación interinstitucional, transparencia y rendición de cuentas.
Una exigencia nacional: menos demagogia y más responsabilidad.
La República Dominicana necesita una política de Estado que trascienda los ciclos electorales. Una política que incluya:
Control fronterizo efectivo, con tecnología, supervisión independiente y rendición de cuentas.
Persecución de las redes de tráfico ilícito de migrantes, incluyendo a los funcionarios y particulares que faciliten estas operaciones.
Datos demográficos públicos y periódicos, que permitan evaluar las tendencias de población sin recurrir a especulaciones.
Aplicación transparente de las leyes migratorias, con respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales.
Diplomacia activa, para exigir una participación internacional proporcional a la gravedad de la crisis haitiana.
Protección de la cohesión social, rechazando tanto la indiferencia institucional como la violencia y la discriminación contra personas por su nacionalidad.
Los gobernantes deben comprender que administrar esta situación no consiste en alimentar temores, ofrecer promesas coyunturales o trasladar las responsabilidades a sus sucesores. Consiste en adoptar decisiones, ejecutarlas y explicar públicamente sus resultados.
La cuestión migratoria dominicana exige firmeza, pero también inteligencia; autoridad, pero también legalidad; defensa de la soberanía, pero también responsabilidad humanitaria.
La República Dominicana no puede resolver por sí sola la crisis haitiana. Tampoco puede permitir que la inacción, la corrupción o la improvisación comprometan su capacidad de gobernar su propio territorio.
La soberanía no se defiende con discursos electorales ni con acciones violentas de particulares. Se defiende con instituciones que funcionen, fronteras controladas, leyes aplicadas y autoridades que respondan ante la nación.
Ese es el debate que debemos exigir. No para enfrentar pueblos, sino para impedir que la irresponsabilidad de quienes deben gobernar termine enfrentando a las personas que están llamadas a convivir bajo el imperio de la ley.
