La Cámara de Cuentas, durante autoría realizada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), logró identificar 14 pagos por 60 millones 855 mil 536 pesos efectuados a Servicios Nacional de Seguridad Integral (SENASE) después del vencimiento del contrato, así como expedientes de pago con documentación incompleta por 172 millones 470 mil 145 pesos.
La entidad también señala diferencias entre documentos contractuales, falta de soportes del procedimiento de selección y transacciones confirmadas por el proveedor cuyos documentos no fueron suministrados para su revisión. Edesur vinculó los pagos posteriores al vencimiento con la continuidad del servicio e informó que ha fortalecido sus controles. Los auditores mantuvieron las nueve observaciones después de examinar las respuestas.
Los montos corresponden a aspectos distintos de las operaciones revisadas y pueden superponerse, por lo que no deben sumarse como pérdidas independientes. La documentación incompleta limita la verificación de los desembolsos, pero no demuestra por sí sola que los servicios pagados no se prestaron.
Los resultados figuran en una investigación especial sobre la contratación de servicios de seguridad que abarcó del 1 de marzo de 2017 al 18 de marzo de 2025.
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La entidad también señala diferencias entre documentos contractuales, falta de soportes del procedimiento de selección y transacciones confirmadas por el proveedor cuyos documentos no fueron suministrados para su revisión. Edesur vinculó los pagos posteriores al vencimiento con la continuidad del servicio e informó que ha fortalecido sus controles. Los auditores mantuvieron las nueve observaciones después de examinar las respuestas.
Los montos corresponden a aspectos distintos de las operaciones revisadas y pueden superponerse, por lo que no deben sumarse como pérdidas independientes. La documentación incompleta limita la verificación de los desembolsos, pero no demuestra por sí sola que los servicios pagados no se prestaron.
Una investigación solicitada por la Pepca
La investigación respondió a una solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), formulada el 15 de agosto de 2025 para examinar contratos, pagos y desembolsos de fondos públicos vinculados con SENASE desde 2020. La Cámara de Cuentas dispuso el trabajo en septiembre de ese año y, mediante una resolución del 16 de enero de 2026, amplió su alcance para incluir las operaciones desde marzo de 2017.
La relación de desembolsos incluida en el informe consigna un total de 180 millones 757 mil 984 pesos al proveedor, con pagos registrados entre 2017 y 2022. Ese total permite dimensionar las operaciones examinadas, pero no equivale a un monto declarado irregular o perdido, según el informe.
Pagos después del vencimiento
Sobre los 14 pagos por 60 millones 855 mil 536 pesos, la Cámara de Cuentas señaló que se efectuaron después del plazo establecido en la cuarta adenda. El documento contractual disponía que no operaba la renovación automática y que, al llegar a su término, quedaría rescindido de pleno derecho.
La Dirección de Finanzas de Edesur informó durante la investigación que los desembolsos se realizaron sin contrato vigente mientras se tramitaban licitaciones para nuevos proveedores de seguridad. Citó un oficio de la Dirección de Seguridad que solicitaba ejecutar los pagos para garantizar la continuidad del servicio.
La distribuidora también explicó que no se firmó una nueva adenda por recomendación de la entonces Gerencia de Compras. Según su comunicación del 10 de marzo de 2026, un correo del 29 de abril de 2021 informaba que esa extensión contravendría la Ley de Compras y Contrataciones. Edesur indicó que los pagos se ejecutaron de manera directa conforme al oficio DS-00147-2021 de la Dirección de Seguridad.
En su réplica del 21 de septiembre de 2026, el gerente general, José Luis Actis, indicó que la documentación disponible permitía asumir que los pagos buscaban garantizar la continuidad del servicio, aunque no fue posible establecer las circunstancias específicas de cada desembolso. Los auditores mantuvieron el hallazgo y sostuvieron que la continuidad operativa no justificaba desembolsar recursos públicos sin un vínculo contractual vigente y debidamente respaldado.
Otra observación se refiere a la firma de documentos después de las fechas fijadas para el inicio de su vigencia. El contrato se firmó el 28 de septiembre de 2017, pero establecía su inicio el 1 de septiembre. La tercera adenda se suscribió el 26 de octubre de 2020, con vigencia desde el 1 de octubre, y la cuarta, el 15 de marzo de 2021, con efectos desde el 1 de enero. Edesur no pudo determinar documentalmente las razones de esas diferencias y señaló que dispone de procedimientos para controlar los plazos contractuales.
