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Sobre el fallo y las motivaciones: Aclaración necesaria en torno al caso de “El baile del perrito”

Por Armando Olivero/Analista legal, y músico forense
A raíz de la publicación de mi artículo anterior, titulado “El mito del arreglista y la seguridad jurídica”, lamento constatar que un sector de mis lectores no logró captar el sentido profundo de la propuesta, interpretando de manera errónea mis observaciones.
Ante esto, conviene hacer una precisión categórica: no cuestiono el dispositivo de la sentencia; el fallo es justo, acertado y responde a la verdad material del proceso.
Cuando se analiza el fondo probatorio, resulta innegable que el maestro Juan Valdez aportó elementos sustanciales en la creación de la letra y la melodía de la parte B de “El baile del perrito”, lo cual lo inviste legítimamente de la calidad de coautor de esa obra musical.
En ese aspecto esencial, el tribunal hizo justicia al reconocer su copaternidad autoral y ordenar la reparación correspondiente por los daños morales y patrimoniales sufridos durante más de tres décadas.
Por supuesto, si en algún momento se quisieran escudriñar otras aristas fácticas sobre cómo se integró o transformó la pieza original durante su proceso de grabación, ese sería un terreno distinto, propio de otras instancias o investigaciones; pero en el plano estrictamente civil, la decisión condenatoria está bien fundamentada en los hechos probados.
Mi observación crítica —y lo que he denominado los “lados grises” de la decisión— no apunta hacia lo que el tribunal decidió, sino hacia la insuficiencia pedagógica de sus motivaciones.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, una sentencia judicial no puede limitarse a ser un mero instrumento condenatorio que resuelve un conflicto entre particulares.
Aunque se trate de una decisión de primer grado sujeta a los recursos ordinarios, toda resolución judicial posee una vocación didáctica, orientadora y doctrinal.
Las motivaciones constituyen el alma de la sentencia: son el espacio donde el juzgador explica a las partes y a la sociedad las razones jurídicas de su decisión y, al mismo tiempo, depura las distorsiones normativas que se plantean en el estrado para sentar criterios claros hacia el futuro.
Es precisamente en ese punto donde la sentencia dejó un vacío preocupante. Durante el desarrollo de los debates —tal como quedó plasmado en las páginas expositivas del propio fallo—, se deslizó y se dio por sentado en los alegatos de la parte demandada un error conceptual: sostener que el arreglista realiza una simple labor técnica que, una vez remunerada, queda excluida de derechos autorales.
Esa premisa choca frontalmente con el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. La Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor y el artículo 2.3 del Convenio de Berna reconocen expresamente que los arreglos musicales originales constituyen obras derivadas, protegidas como obras independientes, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente.
Aunque la jueza citó acertadamente en el considerando 29 la definición de la OMPI sobre el arreglo como obra derivada, omitió desarrollar en sus motivaciones el deslinde doctrinal necesario para refutar las afirmaciones vertidas por la defensa que degradaban la figura del arreglista a la de un simple operario técnico sin prerrogativas autorales.
Al dejar pasar sin una refutación expresa esas tesis erróneas expuestas por la parte demandada, la sentencia permite que sobreviva en el imaginario colectivo y en la práctica forense la falsa creencia de que el pago por un arreglo extingue o niega la condición de creador del arreglista.
Una motivación verdaderamente esclarecedora y formativa habría aprovechado la ocasión para dejar sentado, con meridiana claridad, que una cosa es la coautoría de la obra originaria (letra y melodía) y otra muy distinta es la titularidad autoral que ostenta el arreglista sobre su obra derivada cuando esta reviste originalidad, la cual goza de plena tutela legal.
En definitiva, celebro que se le haya hecho justicia al maestro Juan Valdez como coautor, pero reitero mi llamado a la judicatura nacional: los fallos hacen justicia en el caso concreto, pero son las motivaciones rigurosas y doctrinalmente orientadoras las que construyen seguridad jurídica y evitan que los mitos del gremio terminen suplantando el mandato expreso de la ley.