El Consejo del Poder Judicial (CPJ), mediante su Resolución No. CPJ-2023-RES-002, del 3 de abril del 2023, acogió en todas sus partes la acusación y destitución del juez Juan Francisco Rodríguez Consorô, por cometer “faltas muy graves”.
Rodríguez Consorô fungía como juez del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El CPJ acogió todos los cargos y las pruebas presentadas contra Rodríguez Consoró, declaró su responsabilidad disciplinaria y ordenó su inmediata destitución como juez del Poder Judicial.
De acuerdo con la disposición del CPJ, a Rodríguez Consoró se le imputaron faltas “extremadamente graves”, al comprobarse que incurrió en actos de corrupción, por haber recibido dinero, vinculados con la venta de decisiones judiciales para favorecer imputados por hechos graves.
De acuerdo a fuente del CPJ, el juez Rodríguez Consoró fue destituido luego de múltiples denuncias por parte de afectados que se sorprendían con la ligereza del otorgamiento de libertades “pura y simple” a favor de imputados por hechos graves.
Se dijo que tras la debida investigación, a Rodríguez Consoró se le presentaron cargos, siendo acusado de violentar los artículos 41, numeral 3; artículo 44, numeral 5; artículos 60 y 61 y el artículo 66, numeral 1 y 2, de la ley 327-98 sobre Carrera Judicial.
Igualmente, se le acusó de violar el artículo 149, del Reglamento de Aplicación de la Carrera Judicial, que establecen que los jueces deben desempeñar con interés, ecuanimidad, dedicación, eficiencia, probidad, imparcialidad y diligencia las funciones a su cargo, observando buena conducta y evitando la comisión de faltas disciplinarias.
Ese precepto establece, además, que los jueces no deben “solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura”.
Investigación periodística
Recientemente, la periodista Adís Burgos realizó un programa de investigación, donde recogía las quejas de ciudadanos sobre el hecho de que los jueces y empleados judiciales no eran sometidos a la justicia por los “hechos graves” por los cuales eran destituidos.
En tanto que, en ese programa, otros ciudadanos se quejaban del “secreto cómplice” de los juicios disciplinarios, donde los afectados, los denunciantes y los querellantes no tienen ningún acceso a presentar pruebas, testimonios y alegatos.
