Entre las atribuciones que tendrá la DNI está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que «atente» contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
«Conociendo de nuestras debilidades institucionales, estaríamos a merced de quien esté al frente de la DNI, para que en un momento dado, este decida discrecionalmente recopilar y procesar informaciones relevantes para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas, tanto internas como externas», afirmó la organización no gubernamental.
Adocco consideró que ‘la joya de la corona’ de la Ley 1-24 lo constituye su artículo 11 que establece que «todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, previa autorización del juez o tribunal competente, estarán obligadas a entregar al DNI todas las informaciones que esta requiera».
En ese orden, la entidad afirmó que estas atribuciones están conferencias constitucionalmente al Ministerio Público.
