Por: Rev. Fidel Lorenzo/Pte. FEJUS.
Sto. Dgo .RD.- El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), como la institución que administra el mayor presupuesto de la administración pública, tiene una responsabilidad ineludible con el uso eficiente, ético y justo de los recursos del Estado.
En ese contexto, resulta inaceptable que el personal de apoyo porteros, conserjes, cocineras y demás servidores esenciales continúe percibiendo salarios que no garantizan condiciones mínimas de vida digna. Esta realidad contradice cualquier discurso oficial sobre calidad educativa y desarrollo humano.
La educación de calidad no se limita a planes curriculares, evaluaciones o infraestructura. Inicia desde el entorno humano que recibe al estudiante: centros educativos limpios, seguros, organizados y atendidos por personal motivado, respetado y con sus necesidades básicas cubiertas. No puede haber calidad educativa donde existe precariedad laboral institucionalizada.
Es importante subrayar que este personal no es responsable del crecimiento desproporcionado de la nómina pública ni del pago a individuos que no prestan servicio alguno al sistema educativo. La permanencia de estas prácticas lesiona la credibilidad del Estado y perpetúa la inequidad dentro de la propia administración pública.
El Estado dominicano no puede seguir siendo utilizado como botín político ni como refugio de intereses clientelares que drenan recursos destinados a quienes realmente sostienen el funcionamiento del sistema educativo.
En este sentido, exhortamos al señor Ministro de Educación, Ángel Hernández Decamps, a asumir una decisión histórica: dignificar salarialmente al personal de apoyo del MINERD y ordenar una auditoría administrativa integral, orientada a identificar y eliminar de manera definitiva las denominadas “botellas” y todo aquel que perciba fondos públicos sin aportar valor al sistema educativo.
Dignificar al personal de apoyo no es una concesión: es un acto de justicia, eficiencia institucional y coherencia con los principios de una educación pública de calidad y con dignidad.
