Ruben Hernández/Jefe de Redacción/Editor Congreso
SANTO DOMINGO.- A propósito de la reciente sentencia emitida por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, contra los imputados de los caso Coral y Coral 5G, varios juristas expresaron sus criterios sobre la decisión, al entender que esta involucra elementos de carácter jurídico y constitucional.
Los abogados José Miguel Vázquez García, Ramón Rosario Cocco y Nelson Gutiérrez coincidieron en que las decisiones de los jueces merecen respeto y señalaron que, al momento de emitir un veredicto, aunque este no resulte favorable para algunas partes o incluso para los propios imputados, debe sustentarse en las pruebas y evidencias presentadas durante el proceso.
No obstante, indicaron que, como ocurre en otras áreas del derecho, las interpretaciones jurídicas pueden generar posiciones divergentes, al entender que las verdades no siempre son absolutas. En cambio, manifestaron su respaldo a la sentencia emitida por el tribunal.
La decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional puso fin a uno de los procesos judiciales más extensos y complejos de los últimos años, en el que estuvieron involucrados 36 imputados, centenares de testigos y miles de páginas de pruebas documentales. El caso concluyó con condenas de hasta 20 años de prisión, tras un juicio de fondo que se prolongó por más de un año y nueve meses.
Posiciones de los expertos en derecho
El catedrático y coordinador de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Miguel Vázquez García, estimó que “en materia de derecho, como creo que ocurre en todas las disciplinas, las verdades no son absolutas, sino relativas. Al final, en una controversia, la última verdad la establece un juez. Pero el juez lo hará sobre la base de las pruebas legales, su íntima convicción, las evidencias presentadas, la razonabilidad y un conjunto de elementos de carácter jurídico y constitucional”.
Asimismo, Vázquez García consideró que los jueces merecen respeto por la función que desempeñan y sostuvo que, al emitir una decisión, procuran hacerlo conforme a lo que entienden más justo, adecuado y procedente desde el punto de vista jurídico, tomando en consideración los elementos aportados durante el proceso.
Por su parte, el jurista Ramón Rosario Cocco consideró que resulta difícil determinar desde fuera del proceso judicial si los imputados son culpables o inocentes. No obstante, señaló que el Ministerio Público presentó una cantidad considerable de pruebas que, a su juicio, fueron valoradas por los jueces como válidas y suficientes para sustentar las condenas impuestas, que alcanzan penas de hasta 20 años de prisión.
“Entonces, la sentencia del tribunal hay que respetarla hasta que otra instancia, a la que ellos puedan recurrir mediante un recurso de apelación, determine si esa decisión es válida, la confirma o la revoca, conforme a las leyes vigentes en nuestro país”, expresó Rosario, catedrático y candidato a la Vicerrectoría de Extensión de la UASD.
Rosario Cocco agregó que los condenados aún cuentan con recursos legales que podrían llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, sostuvo que mientras esas vías no produzcan una decisión definitiva, la ciudadanía debe reconocer la sentencia como una decisión válida dentro del marco legal. Asimismo, destacó que los jueces han tenido varios años para conocer, estudiar y debatir el expediente, por lo que entiende que, si concluyeron que existían méritos suficientes para condenar a los imputados, es porque encontraron elementos que sustentan esa decisión.
De su lado, el abogado y periodista Nelson Gutiérrez afirmó que la sentencia emitida en los casos Coral y Coral 5G contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia dominicano. En ese sentido, mencionó a los principales condenados del proceso, entre ellos Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y la pastora Rossy Guzmán Sánchez.
Gutiérrez recordó que, durante el desarrollo del caso, el Ministerio Público expuso públicamente los hechos que atribuía a los imputados y las posibles consecuencias jurídicas derivadas de las acusaciones. No obstante, manifestó una preocupación sobre el futuro del proceso judicial.
“¿Tú sabes dónde radica, por lo menos, mi preocupación? Que ojalá este expediente no se diluya en el tiempo, como ha ocurrido con otros casos, y que esos oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y la Pastora no terminen saliendo por cumplimiento de tiempo”, expresó Gutiérrez, director ejecutivo nacional del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu).
