Por: Rev. Fidel Lorenzo
La discusión sobre una eventual candidatura presidencial de Santiago Matías ha generado reacciones encontradas. Sin embargo, más allá de simpatías o antipatías personales, hay una realidad jurídica incuestionable: Santiago Matías es un ciudadano dominicano amparado por la Constitución de la República y, mientras cumpla con los requisitos establecidos por la ley, no existe impedimento alguno para que aspire a la Presidencia.
Durante décadas, en la República Dominicana se cultivó la idea de que la Presidencia era una posición reservada para una élite política o económica determinada. No obstante, la propia evolución de la democracia ha desmontado ese mito. En un sistema democrático auténtico, cualquier ciudadano que reúna las condiciones constitucionales tiene el derecho de presentarse al juicio de las urnas.
La historia contemporánea demuestra que los liderazgos ya no se construyen exclusivamente desde los partidos políticos tradicionales. La comunicación, las redes sociales, el marketing político y la capacidad de conectar con la ciudadanía han adquirido una importancia determinante. Algunos consideran esto una fortaleza de la democracia; otros lo ven como una señal de debilidad institucional. Lo cierto es que es una realidad imposible de ignorar.
Cuando los partidos políticos se alejan de sus principios fundacionales, cuando la ética y la moral dejan de ser pilares de la acción política, y cuando la ciudadanía pierde la confianza en las estructuras tradicionales, surgen figuras ajenas al sistema que encuentran espacio para competir por el poder. Este fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana; se ha observado en numerosas democracias alrededor del mundo.
Por ello, nadie debería rasgarse las vestiduras ante la posibilidad de que una figura mediática aspire a la primera magistratura del Estado. La democracia no establece barreras basadas en el origen profesional de los aspirantes. La verdadera evaluación corresponde al pueblo soberano, que mediante el voto decide quién merece gobernar.
Más que cuestionar el derecho de cualquier ciudadano a aspirar, la reflexión debería centrarse en el estado de nuestros partidos políticos, en la calidad de nuestra democracia y en la capacidad de las instituciones para recuperar la confianza ciudadana. Si sectores de la sociedad buscan alternativas fuera de la política tradicional, quizás el problema no esté en quienes aspiran, sino en quienes han administrado el sistema y han contribuido a su desgaste.
Al final, la democracia tiene sus riesgos, pero también sus grandezas. Entre ellas, la posibilidad de que el pueblo sea quien tenga la última palabra.
