Por: Judith Cuello
Abogada y analista política
Asistir a los actos de graduación universitaria en la República Dominicana en los últimos años es presenciar una constante incontestable: los auditorios están abarrotados de mujeres. De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes, las mujeres representan más del 62% de la matrícula universitaria y hasta un 70% de las egresadas en diversas casas de altos estudios del país. Es una realidad palpable que yo misma he constatado en cada ceremonia académica: más del 80% de las graduandas en los niveles de posgrado y honores sobresalientes son mujeres.
Esta masa crítica no solo está altamente cualificada, sino que sostiene el andamiaje social desde su núcleo más íntimo. La mujer dominicana es el pilar de la familia, la esposa y la madre que educa en valores a los jóvenes que habrán de constituir los primeros votantes y los futuros tomadores de decisión de la Nación. Su capacidad decisoria en el hogar no es pasiva; es la primera gran escuela de ciudadanía de la República.
Sin embargo, al trasladar este arrollador liderazgo académico y social al ámbito del ejercicio del poder público y político, chocamos contra un anacronismo legal e institucional. Persiste en el imaginario colectivo y en el debate normativo la conformación con esquemas limitativos como la tradicional cuota del 33% o techos predeterminados que tratan la presencia femenina como una concesión formal o un compromiso de mínimos, cuando la realidad demográfica y profesional exige trascender el concepto de «cuota» para abrazar el principio constitucional de igualdad y paridad real.
Como abogada, sostengo que la paridad no es una cuota de discriminación positiva ni una dádiva política; es un imperativo de justicia distributiva y constitucional. Si la mujer dominicana constituye la mayoría cualificada que se prepara en las aulas y la fuerza moral que moldea a las nuevas generaciones, resulta inaceptable que las cúpulas de decisión partidaria, los gabinetes gubernamentales y los órganos de representación territorial sigan condicionados por fórmulas de mínimos.
El emprendimiento femenino y el dominio en la educación superior demuestran que la mujer no necesita que le «cedan» espacio por conmiseración, sino que se garanticen reglas de juego equitativas. La verdadera democracia no se construye relegando la capacidad decisoria de más de la mitad de la población a puestos secundarios o candidaturas de rellenado electoral.
Ha llegado el momento de dar el salto cualitativo: pasar de la cuota mínima a la paridad auténtica. La sociedad dominicana no puede darse el lujo de mantener un techo de cristal sobre la masa laboral más preparada del país. La paridad no solo fortalecerá nuestras instituciones, sino que le dará a la República Dominicana la calidad democrática que su gente y su historia demandan.
