Autor: Lic. Feliciano Lacen Custodio
Vivimos en una coyuntura en la que la degradación institucional y social se hace cada vez más evidente. La persistencia de métodos agotados, políticas recicladas y respuestas insuficientes frente a los problemas colectivos revela un modelo que parece haber perdido su capacidad de renovación. Mientras tanto, crece la percepción de que las soluciones se procuran desde intereses particulares, familiares o de élite, en lugar de responder a las necesidades de la sociedad en su conjunto. Cuando un país alcanza este nivel de fragmentación, las señales de deterioro no pueden seguir ignorándose: las consecuencias terminan alcanzando incluso a quienes creen estar a salvo.
En la República Dominicana, pareciera que todavía no hemos asimilado plenamente las lecciones que dejó la pandemia de COVID-19, independientemente de las controversias que rodearon su origen. Su impacto global demostró que ninguna clase social, posición económica o condición profesional está completamente a salvo de una crisis. Aquella experiencia puso de manifiesto nuestra vulnerabilidad compartida y la necesidad de actuar con mayor solidaridad, previsión y responsabilidad colectiva.
Sin embargo, hoy observamos cómo distintos sectores procuran protegerse de aquello que consideran una amenaza para sus propios intereses. Cada grupo levanta sus defensas, impulsa sus demandas y busca soluciones desde su propia perspectiva, muchas veces sin considerar que los problemas sociales están profundamente conectados. Así, acumulamos resoluciones, protocolos, decretos, leyes, códigos y normas; instrumentos que, aunque necesarios, no parecen suficientes para responder a las causas que erosionan la convivencia, profundizan las desigualdades y comprometen la paz social.
Ha llegado el momento de hacer una pausa y examinar el rumbo que estamos tomando. Es necesario superar el sectarismo de clases, los intereses particulares y las divisiones que impiden construir respuestas comunes. Quienes han recibido la responsabilidad de dirigir, legislar y garantizar el orden público deben comprender que ningún país puede sostener indefinidamente sus desequilibrios sin exponerse a consecuencias mayores. Si continuamos avanzando por esta senda sin corregir las causas del problema, corremos el riesgo de descarrilar como sociedad, con un costo que podría resultar demasiado alto.
Todavía hace falta gente a la que le duela su país. Personas capaces de entender la política como un ejercicio de servicio público y no como una oportunidad para ocupar un lugar más en la historia. Necesitamos aspirantes y dirigentes con sensibilidad humana, criterio, experiencia y coherencia; hombres y mujeres capaces de presentar propuestas viables, acompañadas de planes y estrategias concretas para cerrar las brechas que persisten en nuestras calles, barrios, parajes, secciones, municipios y provincias.
El país no necesita escuchar promesas interminables ni discursos que se repiten en cada ciclo político. Necesita voluntad, compromiso y capacidad para transformar las palabras en acciones. Necesita liderazgos que comprendan que detrás de cada estadística hay una persona, una familia y una realidad que no siempre encuentra espacio en las agendas públicas. También necesita voces dispuestas a señalar lo que no funciona, incluso cuando hacerlo resulte incómodo. Porque callar ante los problemas no los resuelve; apenas prolonga sus consecuencias.
Las leyes son indispensables para establecer límites, regular la convivencia y disuadir las conductas contrarias al orden. Sin embargo, ninguna legislación, por rigurosa que sea, puede sustituir el trabajo sostenido que requiere una sociedad más justa. La transformación comienza también en la familia, se fortalece mediante la educación, depende de un sistema de salud digno, exige seguridad ciudadana y necesita una economía que genere oportunidades reales. Estos pilares no pueden abordarse de manera aislada ni quedar sujetos a las diferencias ideológicas o al color político de quienes gobiernan.
Construir una nación más equilibrada es una responsabilidad compartida. No basta con exigir resultados a las autoridades mientras se renuncia al compromiso ciudadano; tampoco es justo trasladar toda la responsabilidad a la población cuando quienes ejercen el poder tienen el deber de actuar con visión, transparencia y sentido de Estado. La solución requiere voluntad política, participación social y una comprensión honesta de que el bienestar colectivo debe prevalecer sobre las conveniencias particulares.
Por eso, este es un llamado a la unidad nacional y a una cruzada colectiva fundada en el amor a Dios, al prójimo y a la patria. No se trata de uniformar el pensamiento ni de ignorar nuestras diferencias, sino de reconocer que existen desafíos cuya solución exige poner la dignidad humana por encima de cualquier interés sectorial.
El mundo avanza hacia nuevas transformaciones, en medio de cambios tecnológicos, sociales y económicos que redefinen la manera en que vivimos y nos relacionamos. Frente a esa realidad, la República Dominicana no puede conformarse con respuestas del pasado para problemas que reclaman soluciones nuevas. La verdadera evolución no consistirá únicamente en modernizar las instituciones o multiplicar las normas, sino en renovar nuestra conciencia, fortalecer nuestros valores y asumir con responsabilidad el destino común.
Porque cuando quienes tienen la capacidad de decidir dejan de escuchar, alguien tiene que encontrar la manera de hacer oír a los que callan. Y, a veces, la primera responsabilidad de esa voz es convertir la tinta en conciencia y la conciencia en acción.
Vivimos en una coyuntura en la que la degradación institucional y social se hace cada vez más evidente. La persistencia de métodos agotados, políticas recicladas y respuestas insuficientes frente a los problemas colectivos revela un modelo que parece haber perdido su capacidad de renovación. Mientras tanto, crece la percepción de que las soluciones se procuran desde intereses particulares, familiares o de élite, en lugar de responder a las necesidades de la sociedad en su conjunto. Cuando un país alcanza este nivel de fragmentación, las señales de deterioro no pueden seguir ignorándose: las consecuencias terminan alcanzando incluso a quienes creen estar a salvo.
En la República Dominicana, pareciera que todavía no hemos asimilado plenamente las lecciones que dejó la pandemia de COVID-19, independientemente de las controversias que rodearon su origen. Su impacto global demostró que ninguna clase social, posición económica o condición profesional está completamente a salvo de una crisis. Aquella experiencia puso de manifiesto nuestra vulnerabilidad compartida y la necesidad de actuar con mayor solidaridad, previsión y responsabilidad colectiva.
Sin embargo, hoy observamos cómo distintos sectores procuran protegerse de aquello que consideran una amenaza para sus propios intereses. Cada grupo levanta sus defensas, impulsa sus demandas y busca soluciones desde su propia perspectiva, muchas veces sin considerar que los problemas sociales están profundamente conectados. Así, acumulamos resoluciones, protocolos, decretos, leyes, códigos y normas; instrumentos que, aunque necesarios, no parecen suficientes para responder a las causas que erosionan la convivencia, profundizan las desigualdades y comprometen la paz social.
Ha llegado el momento de hacer una pausa y examinar el rumbo que estamos tomando. Es necesario superar el sectarismo de clases, los intereses particulares y las divisiones que impiden construir respuestas comunes. Quienes han recibido la responsabilidad de dirigir, legislar y garantizar el orden público deben comprender que ningún país puede sostener indefinidamente sus desequilibrios sin exponerse a consecuencias mayores. Si continuamos avanzando por esta senda sin corregir las causas del problema, corremos el riesgo de descarrilar como sociedad, con un costo que podría resultar demasiado alto.
Todavía hace falta gente a la que le duela su país. Personas capaces de entender la política como un ejercicio de servicio público y no como una oportunidad para ocupar un lugar más en la historia. Necesitamos aspirantes y dirigentes con sensibilidad humana, criterio, experiencia y coherencia; hombres y mujeres capaces de presentar propuestas viables, acompañadas de planes y estrategias concretas para cerrar las brechas que persisten en nuestras calles, barrios, parajes, secciones, municipios y provincias.
El país no necesita escuchar promesas interminables ni discursos que se repiten en cada ciclo político. Necesita voluntad, compromiso y capacidad para transformar las palabras en acciones. Necesita liderazgos que comprendan que detrás de cada estadística hay una persona, una familia y una realidad que no siempre encuentra espacio en las agendas públicas. También necesita voces dispuestas a señalar lo que no funciona, incluso cuando hacerlo resulte incómodo. Porque callar ante los problemas no los resuelve; apenas prolonga sus consecuencias.
Las leyes son indispensables para establecer límites, regular la convivencia y disuadir las conductas contrarias al orden. Sin embargo, ninguna legislación, por rigurosa que sea, puede sustituir el trabajo sostenido que requiere una sociedad más justa. La transformación comienza también en la familia, se fortalece mediante la educación, depende de un sistema de salud digno, exige seguridad ciudadana y necesita una economía que genere oportunidades reales. Estos pilares no pueden abordarse de manera aislada ni quedar sujetos a las diferencias ideológicas o al color político de quienes gobiernan.
Construir una nación más equilibrada es una responsabilidad compartida. No basta con exigir resultados a las autoridades mientras se renuncia al compromiso ciudadano; tampoco es justo trasladar toda la responsabilidad a la población cuando quienes ejercen el poder tienen el deber de actuar con visión, transparencia y sentido de Estado. La solución requiere voluntad política, participación social y una comprensión honesta de que el bienestar colectivo debe prevalecer sobre las conveniencias particulares.
Por eso, este es un llamado a la unidad nacional y a una cruzada colectiva fundada en el amor a Dios, al prójimo y a la patria. No se trata de uniformar el pensamiento ni de ignorar nuestras diferencias, sino de reconocer que existen desafíos cuya solución exige poner la dignidad humana por encima de cualquier interés sectorial.
El mundo avanza hacia nuevas transformaciones, en medio de cambios tecnológicos, sociales y económicos que redefinen la manera en que vivimos y nos relacionamos. Frente a esa realidad, la República Dominicana no puede conformarse con respuestas del pasado para problemas que reclaman soluciones nuevas. La verdadera evolución no consistirá únicamente en modernizar las instituciones o multiplicar las normas, sino en renovar nuestra conciencia, fortalecer nuestros valores y asumir con responsabilidad el destino común.
Porque cuando quienes tienen la capacidad de decidir dejan de escuchar, alguien tiene que encontrar la manera de hacer oír a los que callan. Y, a veces, la primera responsabilidad de esa voz es convertir la tinta en conciencia y la conciencia en acción.
