Por Armando Olivero Músico forense y analista legal
La industria musical y el sector de la propiedad intelectual en nuestra región observan con
creciente preocupación las recientes fisuras interpretativas que los tribunales ordinarios vienen
arrastrando al aplicar la normativa de derechos de autor.
El caso judicial en torno al emblemático merengue “El Baile del Perrito”, ventilado en la jurisdicción civil dominicana, ha vuelto a encender las alarmas sobre un vacío conceptual recurrente: la peligrosa confusión
entre la coautoría de una obra primigenia y el estatus jurídico del arreglista como creador de una obra derivada.
Más allá de los detalles particulares de la litis, el trasfondo doctrinal de esta sentencia plantea
un desafío urgente para la seguridad jurídica. En el centro de la discusión se encuentra la
incomprensión de un principio elemental consagrado tanto en las legislaciones nacionales
—como la Ley núm. 65-00 y nuestra propia Constitución— como en los tratados internacionales
de mayor jerarquía, primordialmente el Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas.
La naturaleza jurídica del arreglo: Obra derivada
versus obra originaria
Para entender la dimensión del problema, es imperativo acudir a la dogmática jurídica y musicológica. El Convenio de Berna, en su artículo 2, apartado 3, es diáfano al estipular que las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y otras transformaciones de una obra originaria deben ser protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos de autor
sobre la obra original.
Esta distinción adquiere un matiz fundamental al revisar el propio texto de la Ley núm. 65-00 sobre Derecho de Autor, la cual establece de manera categórica en su artículo 16, numeral 1, que autor es toda persona física que realiza una creación. A esto se suma el mandato de
nuestra Constitución de la República, que en su artículo 52 consagra y eleva las creaciones intelectuales al rango de derechos fundamentales protegidos bajo la garantía de la propiedad exclusiva.
Bajo este marco, existe una diferencia estructural insalvable entre ambas figuras: mientras el creador o los creadores de la obra primigenia conciben la canción para ser interpretada esencialmente por un solista (portador de la melodía y la letra base), el arreglista
—totalmente diferente— crea una obra derivada para ser interpretada por los artistas intérpretes o ejecutantes acompañantes (la orquesta, los coros, los metales y la sección rítmica).
El arreglista plasma las partituras instrumentales, crea las introducciones, los mambos, distribuye las armonías y orquesta la obra, ostentando una autoría legítima, pero exclusiva sobre su obra derivada (el arreglo en sí). Su labor es de una complejidad técnica indiscutible, y la ley le otorga una protección y un derecho a remuneración perfectamente delimitados.
Sin embargo, en los estrados judiciales de primera instancia se ha deslizado una narrativa equívoca: la tentación de asimilar o confundir la labor del arreglista con la de un coautor de la obra matriz (la melodía base y la letra estructural). La ley no reconoce al arreglista como coautor de la obra primigenia por el simple hecho de haber realizado su trabajo técnico de adaptación u orquestación. Pretender lo contrario subvierte el orden de la creación intelectual y desnaturaliza el concepto mismo de autoría originaria.
Cuando los tribunales confunden los conceptos
Cuando un tribunal ordinario mezcla estas categorías, se abre una caja de Pandora jurídica. Si se valida la tesis de que la mera intervención técnica en el arreglo confiere derechos de coautoría sobre la estructura primigenia sin mediar una aportación creativa original a la letra o a la melodía matriz, se pulveriza la seguridad jurídica de los compositores y se vulnera el
principio de especialidad de la norma autoral.
En el caso analizado, los tribunales terminaron resolviendo el fondo amparándose en
elementos probatorios muy específicos que demostraban una participación directa en la
creación literaria de una sección de la obra (la denominada parte «B») y no meramente en el
arreglo musical. No obstante, el razonamiento difuso que rodea el debate sobre el rol del arreglista deja un precedente endeble que la jurisprudencia superior está llamada a corregir con rigor quirúrgico.
La esperanza en el Tribunal Constitucional y las altas
cortes
Afortunadamente, el sistema de garantías jurisdiccionales contempla correcciones de rumbo.
Este conflicto interpretativo no puede consolidarse como doctrina judicial. La posibilidad de que
esta teoría incorrecta —que desnaturaliza el Convenio de Berna y confunde la obra derivada con la originaria, ignorando los verdaderos contornos de la creación intelectual protegidos constitucionalmente— sea derrotada de manera definitiva en instancias superiores, e incluso ante el Tribunal Constitucional, es no solo viable, sino imperativa.
Las altas cortes tienen ante sí la responsabilidad histórica de trazar una línea doctrinal nítida.
Es necesario recordar que los derechos patrimoniales y morales de los autores reposan sobre bases científicas y jurídicas inquebrantables: el creador de la obra matriz y el creador de la obra derivada (el arreglista) habitan esferas jurídicas distintas, complementarias, pero jamás jurídicamente idénticas.
Defender la correcta aplicación del Convenio de Berna, de la Constitución y de la Ley de Derecho de Autor no es un capricho academicista; es una salvaguarda indispensable para que la industria creativa mantenga un orden justo, predecible y respetuoso del verdadero esfuerzo intelectual de compositores y arreglistas.
