La denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y esta «amparada en el informe de la Contraloría General de la República que «consignan violaciones administrativas y en el orden penal», atribuidas a Gómez Casanova y a siete de los principales funcionarios de su gestión».
La acusación señala que en Apordom existían dos nóminas, ascendentes en su totalidad a 311 millones de pesos, en las que figuraban empleados cuyos salarios iban a parar «a manos de otras personas», lo que indica que alli se estableció un esquema mafioso y de evidente connotación penal que deberá generar consecuencias por el Ministerio Público.
Gómez Mazara dijo que suministró al Pepca, «el historial de prácticas impropias» en Apordom, entre ellas, «el uso indiscriminado de tarjetas de crédito con gastos mensuales astronómicos que alcanzaron niveles de consumo de 7,714,841.00» de pesos.
Señala también, la asignación de siete vehículos a exempleados, dos de ellos de alto cilindraje (Mercedes Benz y Ford Raptor) a Gómez Mazara «sin que hasta la fecha aparezcan en los libros de contabilidad de la institución».
