Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- El Subinspector del Departamento de Policía de esta ciudad (NYPD) el dominicano Richard Brea renunció a partir de este viernes de las filas policiales, luego que esa institución está siendo sometida a profundas reformas.
La información aparece en el influyente medio hispano “Impacto Latino” y es atribuida a Curtis Silwa, director de los Ángeles Guardianes, quien este jueves en su programa de radio para la cadena ABC dijo que conversó con el veterano oficial.
Brea, con el equivalente al rango de mayor en RD, tenía cerca de tres decadas en la institución y motiva su renuncia porque no ha recibido de sus superiores una orientación sobre cómo deben manejarse asuntos “como sacar el armas y drogas de las calles” luego que la unidad anticrimen, compuesta por 600 oficiales, fuera desmantelada recientemente”.
«No tengo otra opción», dijo Brea sobre su renuncia, señalando que otros policías de alto rango seguirán sus pasos, sostuvo Silwa, añadiendo «no planeaba retirarse», pero se sintió obligado porque «no había ninguna dirección» de sus superiores, reiteró.
Brea estuvo como comandante en el cuartel 33, ubicado en pleno corazón del Alto Manhattan, y su gestion fue valorada positivamente por diferentes sectores del área, incluso fue reconocido por el Instituto Duartiano, en la persona de su presidente Bienvenido Lara Flores, en enero del 2018.
Asimismo, fue ascendido en agosto de ese mismo año de capitán al actual rango que posee por el entonces Comisionado de la Policía, James O´Neil, durante un acto efectuado en One Police Plaza, cuartel general de la institución en la Gran Manzana.
Actualmente comanda el precinto 46, ubicado en El Bronx, cubriendo los vecindarios de Fordham, University Heights, Morris Heights y Mount Hope, áreas donde residen miles de familias hispanas, principalmente dominicanas.
El NYPD tiene cerca de 38 mil miembros, entre ellos más de 2,500 de origen dominicano, convirtiéndolo en el departamento policial más grande en los Estados Unidos.
Durante el presente mes, El Concejo Municipal NYC votó por un paquete de leyes sobre reforma policial (POST Act, por su nombre en inglés). El alcalde Bill de Blasio ha dicho que las firmará.
Entre estas figuran prohibir las llaves de estrangulamiento y poner la rodilla sobre el cuello de persona cuando se intenta arrestarla. Que haya más transparencia en las interacciones entre la policía y la comunidad. Se reafirma el derecho de grabar lo que está haciendo un policía y se penalizará al policía que cubra su chapa de identificación.
Asimismo, establecer criterios para disciplinar a los policías, lo mismo que para identificarlos con problemas disciplinarios. Creación de una comisión de civiles encargada de supervisar el uso por parte de la policía de las modernas tecnologías de vigilancia.
La aprobación de estas leyes se da en el contexto de las protestas que se han dado en todo el país en las últimas semanas contra los excesos policiales como resultado de la muerte del afro americano George Floyd.
«Es lo correcto», dijo el alcalde. «Tenemos que darle a la gente la confianza de que la policía será justa, y estoy convencido de que esta legislación lo hará», dice De Blasio.
Se ha dado una inusual oposición de parte del sindicato de policías a través de sus cuentas de redes sociales.
«El lenguaje amplio de la Ley POST incluiría la tecnología sensible y confidencial utilizada por los agentes de policía encubiertos en las misiones más peligrosas. Revelar públicamente esta tecnología comprometería su seguridad y eficacia», escribió en su cuenta de twitter.
Por eso, cuando ponemos en contexto, las circunstancias que determina un resultado en algunas encuestas preelectorales, igualmente, tratamos de examinar cómo funciona el neologismo de la posverdad, para entonces comprender mejor un escenario que, intrínsecamente, describe lo sucedido detrás de las actuaciones «neutrales» de sus promotores.
La teoría de la posverdad, aplicada al manejo inescrupuloso de la información, ilustra un esquema de perversión que contrasta con la búsqueda de la imparcialidad, al utilizar una herramienta de orientación pública para corromper la verdad, estableciendo una mentira construida con argumentos falsos que son forzados a encajar dentro de la psique del ciudadano.
Para evitar que se prostituya o contamine el proceso que sirve como termómetro de la campaña electoral, la Junta Central Electoral (JCE), acreditó un número importante de empresas dedicadas a realizar sondeos de opinión, las cuales, debían operar bajo ciertas condiciones profesionales para garantizar una información con resultados diáfanos, creíbles y transparentes.
Sin embargo, contrario al comportamiento que debe exhibir una empresa comprometida con un servicio correcto de orientación a la población, diariamente, se publican encuestas cuyas informaciones se contradicen entre sí, poniendo en evidencia un esquema corrompido de desinformación generalizada que desdice bastante del criterio para el cual, fueron debidamente acreditadas.
En lugar de servir al proceso de formación de las ideas, orientadas a construir una voluntad popular genuina, varias empresas encuestadoras de las establecidas en el país, han actuado de manera cínica e irresponsable, incluso, elaborando guiones prediseñados para proyectar tendencias ficticias que buscan posicionar a determinados candidatos como una manera de reconfigurar la perspectiva inconsciente del electorado.
La encarnizada guerra desatada por posicionar a determinados candidatos en la preferencia del electorado nacional, ha desnaturalizado la norma ética que rige al proceso de investigación, dañando su integridad, sin reparos ni miramientos, y arriesgando su prestigio mediante un acto doloso, servido al mejor postor como un simple instrumento de promoción electorera.
En el fondo, algunas encuestas parcializadas, pretenden modificar la percepción del votante respecto al resultado final de las elecciones, generando un efecto pernicioso que busca cambiar su comportamiento e inclinarlo por quien «se supone que va arriba”, lo cual, indica que, las encuestas, están siendo instrumentadas como mecanismo disuasivo, a razón de su capacidad para impactar en la orientación del voto, motivando al simpatizante desalentado y desincentivando al contrario dudoso.
En efecto, la premeditada distorsión de la voluntad popular que está siendo inducida por encomienda expresa de los partidos políticos, debe motivar para que, luego de concluido el presente proceso electoral, la JCE, aplique reformas profundas en su mecanismo que regula a las empresas encuestadoras, imponiendo severas sanciones, conforme un régimen de consecuencias que castigue de manera ejemplar a quienes incurren en ese despropósito.
Esto de ninguna manera quiere decir que, ahora, la realidad se impondrá por sí sola y que, finalmente, el rechazo a las encuestas, terminará creando conciencia por sus propios medios. ¡No!. La idea en cuestión, sería tan ingenua como la pretendida por quienes promueven encuestas falsas, porque es claro que la información que genera, distorsiona e invierte la realidad, aunque no se puede ignorar que la forma de la conciencia no tiene vida propia, ni puede auto sustentar su desarrollo sin que exista un instrumento de motivación.
