Por: Fidel Lorenzo

En la República Dominicana se ha instalado un debate incómodo, cargado de emociones y, muchas veces, de simplificaciones peligrosas: ¿estamos ante una “ocupación haitiana” o frente a un problema estructural que no hemos querido enfrentar?

Plantear que el país está siendo “ocupado” puede sonar contundente, incluso movilizador, pero distorsiona la realidad. No existe una estrategia organizada de control territorial ni político por parte de Haití. Lo que sí existe y es innegable es una presión migratoria constante, impulsada por el colapso institucional, la violencia y la miseria extrema del vecino país. Personas que no migran por ideología, sino por supervivencia.

Reducir este fenómeno a una “invasión” no solo es incorrecto, sino que nos impide ver el verdadero problema: la debilidad del Estado dominicano para gestionar su propia realidad.

La migración haitiana no ocurre en el vacío. Se inserta en un modelo económico que, durante años, ha descansado sobre mano de obra barata y poco protegida. Sectores como la construcción, la agricultura y el turismo han normalizado condiciones laborales que muchos dominicanos rechazan, no por falta de voluntad, sino por la precariedad de los salarios y la dureza del trabajo. Decir que “el dominicano no quiere trabajar” es una narrativa cómoda, pero profundamente falsa.

Cuando un mercado paga mal, atrae a quienes tienen menos opciones. Esa es la lógica económica básica que muchos prefieren ignorar.

A esto se suma un elemento que genera ansiedad: la demografía. Es cierto que la tasa de natalidad dominicana ha disminuido, mientras que la de la población haitiana migrante es más alta. Pero convertir este dato en una profecía de “reemplazo” es una extrapolación irresponsable. La historia demuestra que las poblaciones migrantes tienden a ajustar sus patrones de fertilidad con el tiempo. Más aún, el desarrollo de un país no depende únicamente de cuántos nacen, sino de cómo se educa, se emplea y se integra a su gente.

El verdadero riesgo no es demográfico. Es institucional.

Porque mientras se alimenta el miedo con discursos de “ocupación”, se evade la discusión de fondo: la frontera sigue siendo vulnerable, la corrupción facilita el tránsito irregular, no existe un sistema migratorio moderno y coherente, y el mercado laboral continúa operando con altos niveles de informalidad.

Es más fácil culpar al migrante que asumir la responsabilidad de un Estado que no regula, no planifica y, en muchos casos, tolera el desorden porque ciertos sectores se benefician de él.

La crisis haitiana es real y no desaparecerá en el corto plazo. Pretender que la República Dominicana puede aislarse completamente es tan ingenuo como peligroso. Pero aceptar esa realidad no implica resignación; implica acción inteligente.

Se necesita una política migratoria firme, pero ordenada. Registro, control, legalidad. Se necesita dignificar el trabajo en los sectores productivos, invertir en tecnificación y mejorar salarios. Se necesita, sobre todo, voluntad política para enfrentar redes de corrupción que operan en la frontera y dentro del propio aparato estatal.

El país no está siendo ocupado. Está siendo desafiado.

Y la diferencia entre una nación que colapsa y una que se fortalece no está en el miedo que siente, sino en la calidad de las decisiones que toma.

Seguir repitiendo la narrativa de la “ocupación” puede ganar aplausos momentáneos, pero no resolverá absolutamente nada. En cambio, enfrentar con seriedad nuestras debilidades internas aunque resulte menos cómodo es el único camino para garantizar un futuro sostenible.

La verdadera pregunta no es qué hará Haití, la verdadera pregunta es: ¿qué está dispuesto a hacer el Estado dominicano?.

.Por J. C. Malone

Cuando el presidente Luis Abinader suspendió las actividades mineras en San Juan de la Maguana, admitió una vez más que cede ante las protestas populares. No es la primera vez que el presidente retrocede ante los levanamientos populares contra sus propuestas políticas, hizo exactamente lo mismo cuando intentó imponer una reforma fiscal.

La suspensión de las actividades mineras es otra gran victoria de una especie de democracia participativa dominicana, donde la voluntad popular impone las políticas del gobierno. El primer gran triunfo de las manifestaciones populares fue el 4% para la educación, se alcanzó, pero los gobiernos no usan esos fondos para mejorar la educación, los invierten en política.

El segundo gran triunfo fue la Marcha Verde, que movilizó a millones contra la corrupción. En el gobierno de Abinader también hay actos de corrupción, sin muchas protestas. Torcerle el brazo al estamento político para que haga lo que el pueblo quiere es una muestra de democracia participativa. Abinader no pudo imponer su reforma fiscal, ni dañar las aguas de San Juan de la Maguana extrayendo oro, porque el pueblo se levantó contra ambas iniciativas.

Es saludable que tengamos algo absoluta y transparentemente claro.

Estamos lidiando con políticos, ellos siempre tienen varias cartas debajo de las mangas, no importa si usan chaquetas o chacabanas. Y generalmente ellos nunca dicen la verdad, ni revelan sus verdaderas intenciones; siempre se benefician de toda crisis.

Cuando Abinader parecía retroceder, simultáneamente podría estar avanzando hacia un posible proyecto reeleccionista; nada debemos descartar. No seamos inocentes, Abinader le cumplirá a los accionistas de GoldQuest, tanto dominicanos como canadienses y estadounidenses. A esa gente, los políticos siempre le cumplen.

Cumplir esos compromisos, quizá requiera otra  reelección, es posible.

El país puede oponerse si toma las calles, Abinader demostró que funciona, retrocedió dos veces en dos años, su cobardía populista revela su miedo.

El camino para alcanzarlo todo, incluyendo la seguridad pública, es tomando las calles, no necesitamos reinventar la rueda. Entramos a una nueva y peligrosa era de protestas callejeras.