Por Fendy Enmanuel Nolasco Jr.
A raíz a de las declaraciones presentadas por la periodista Nuria Piera en su programa Nuria en el 9, acerca del endeudamiento personal de la ministra de la Juventud, kimberly Taveras, la coalición Santo Domingo contra la Corrupción (SDCC), pide al presidente Luis Abinader su destitución inmediata del cargo, por entender no es una persona confiable.
Juan Armando Féliz, en calidad de vocero de la entidad anticorrupción, dijo hoy que con esas informaciones presentadas por Piera, en su programa transmitido por Color Visión, la joven ministra queda automáticamente descalificada para manejar recursos del Estado y sobre todo un ministerio como el de la Juventud, ya que constituye un riesgo y una cuestionable imagen para los jóvenes del presente y del futuro.
Señaló que al conocer la información, la cual pasa a ser más que un rumor público, un escándalo noticioso, un escándalo del Gobierno, y un escándalo viral, decidió convocar el pleno de la entidad, el cual aprobó a unanimidad, mediante la resolución 11-10-20, pedir la destitución iso facto de la funcionaria.
Puntualizó que la institución (SDCC), también determinó convocar a otras organizaciones de la sociedad civil para protestar próximamente frente al Palacio Presidencial, si en los venideros dias la cuestionada ministra no ha sido relevada de su cargo.
Féliz advirtió que de no producirse ese justificado despido, estarán llevando el caso hasta los tribunales de la República, a través del departamento jurídico de la entidad anticorrupción que preside.
“Esa joven realmente no está apta para manejar recursos del Estado, pues esa grave y cuestionada situación la descalifican en su totalidad, y sobre todo que se evidencia que ciertamente no reúne los perfiles y condiciones que el presidente Luis Abinader requiere de los funcionarios de su gabinete”, argumentó Féliz.
Felicitó al director general de Compras y Contrataciones Públicas, doctor Carlos Pimentel, por la atinada decisión de suspenderle a la joven ministra el Registro de Proveedores del Estado (RPE), en el cual figuraba con dos empresas. Una de corte personal (a su nombre) y otra jurídica, mediante las cuales sostuvo negociaciones cuestionables con el Estado, que rayan en lo ilícito.
Pidió al funcionario anticorrupción suspender también dichos registros a las personas ligadas a la cuestionada ministra, quienes permitieron y fueron parte de la expansión del posible ilícito cometido por ésta en contra del Estado Dominicano.
