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SANTO DOMINGO.-Una comisión de la entidad cívica Sed de Justicia, depositó este jueves ante la Procuraduría General de la República el documento acusatorio, acompañado de un fardo de pruebas, en contra de un cuñado y alegado socio del expresidente Danilo Medina y contra el anterior administrador de Edenorte Dominicana, por la malversación de RD$6,052,497,943.30.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, recibió una comisión de la entidad cívica en su despacho.
En la denuncia penal también se implica a otros funcionarios de la pasada gestión de Edenorte, “quienes sirviendo a los propósitos de sus jefes también estarían involucrados en varios delitos castigados por el Código Penal Dominicano, como la asociación de malhechores, colisión de funcionarios para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otras violaciones, incluyendo el desconocimiento de la ley de compras y contrataciones al asociarse con terceros para sacar provechos de las compras de Edenorte”.
En el caso del socio y cuñado de Danilo Medina involucrado en los citados actos de corrupción, Sed de Justicia lo señala como la cabeza visible de una mafia extremadamente poderosa que desde agosto de 2012 a este año 2020 montó una estructura de saqueo de las arcas públicas para sus fines particulares o sirviendo de testaferro del poder superior, fruto de lo cual en apenas 8 años pasó de ser un endeudado empleado privado a convertirse en uno de los hombres más ricos de la Republica Dominicana.
Agrega el documento que desde que el ex mandatario ascendió al gobierno el 16 de agosto de 2012, su cuñado, socio y aportador de campaña se convirtió en el proveedor casi exclusivo de Edenorte, al igual que en otras docenas de instituciones del Estado, logrando contratos grado a grado y mediante licitaciones amañadas por la suma indicada, con la participación y complicidad de los citados funcionarios de la empresa distribuidora.
En la querella, la entidad cívica solicita a la magistrada Germán que la Procuraduría actúe con prontitud en la persecución de los implicados en esta malversación de fondos públicos, adoptando urgentes medidas cautelares para evitar que los integrantes de la mafia puedan evadir la Justicia o distraer los bienes sustraídos al Estado mediante sus acciones fraudulentas.