Redaccion Evaldia.net
SANTO DOMINGO.- El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, dijo este viernes, que el Ministerio Público No reúne “Los elementos jurídicos para pedir prisión como medida de coerción”, contra los 10 acusados de presunta corrupción el caso “Anti-Pulpo”, que se le sigue a ex funcionarios del PLD.
“Sin embargo, el Ministerio Público no reúne los elementos para pedir prisión como medida de coerción y, además, los imputados no representan peligro alguno para la sociedad y tampoco para la investigación; por lo que no deberían ser enviado a prisión antes de un juicio en su contra”, consideró Dantés Díaz.
“En ese proceso lo único que tiene un valor jurídico son las pruebas, ya que estas son las que evidencian los hechos y determinan la culpabilidad. Si no hay pruebas que demuestre lo que la fiscalía está planteando, no habrá proceso alguno», argumentó el también ex director del Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, durante el gobierno de Danilo Medina.
Tildó de «exagerada» la petición de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público en contra de diez exfuncionarios de la administración de Danilo Medina acusados de corrupción.
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, conocerá el domingo 6 de diciembre la medida de coerción contra los imputados, entre ellos Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y Juan Alexis Medina Sánchez, hermanos del expresidente Medina,
Además de los hermanos Medina, también están acusados el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán, el exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo, el excontralor de la República Rafael Antonio Germosén Andujar y el expresidente de Fonper Fernando Rosa.
De acuerdo con la acusación, mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.
