La información contenida en dicho informe afirma que: «Estos beneficios incluyen la financiación de los gastos de la iglesia Católica, incluida la administración y la construcción gratuitas de templos, escuelas y viviendas, las excepciones de Visas y las exenciones de los Derechos de Aduana para los funcionarios de la iglesia Romana.
Los representantes de las Iglesias Protestantes dominicanas expresan además en el referido documento; su preocupación por la alegada preferencia del Gobierno Dominicano con la Iglesia católica; a lo que dijeron se une la falta de protección legal explícita entre ellas y el Estado, por la falta de una «Ley Marco» que regule las relaciones entre el Estado Dominicano y las congregaciones protestantes; como lo hace el Concordato Católico con el Gobierno, más allá de lo que establece la Constitución de la República; y el tratamiento de las iglesias Protestantes como si fueran Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las cuales tienen que regirse por la Ley 122-05, que regula las relaciones entre el Estado y las ONGs.
Expresa además la Coalición de Diálogo Interreligioso y/o Protestante, integrada por miembros de todos los principales Grupos No Católicos del país, junto al Consejos de Iglesias Protestantes Domincanas, que siguen trabajando en conjunto y con otros grupos religiosos, para ayudar a las comunidades vulnerables, incluidos los inmigrantes haitianos, independientemente de las afiliaciones religiosas de los miembros de esas comunidades.
Funcionarios de la embajada de EE. UU. hablaron con líderes gubernamentales y de la sociedad civil sobre cuestiones de libertad religiosa, incluida la igualdad de trato de los grupos católicos y no católicos ante la ley y la capacidad de los padres para decidir por sus hijos si participan en actividades religiosas en la escuela.
FUENTE:
“REPÚBLICA DOMINICANA 2022 LIBERTAD RELIGIOSA INTERNACIONAL”.
-Periodico evidenciadigital.com
