Por Nelson Encarnación
Santo Domingo, R. D.- Desde hace unos años las diferentes administraciones del Estado
se han empeñado en adoptar políticas encaminadas a darles
participación a las micro, pequeñas y medianas empresas,
creándoles nichos de oportunidades para su acceso a las compras
que realizan los entes públicos.
Lo han hecho apartando un porcentaje de las compras para que
la competencia por la mejor oferta se dé entre iguales, en
atención a que resultaría imposible que una mipyme pueda
enfrentarse a una grande, por ejemplo, en una comparación de
precio.
El resultado de esas políticas estatales ha sido el incremento
impresionante registrado en un sector de la economía nacional
que antes ni siquiera era evaluado como parte de las relaciones
con la Administración.
Actualmente son decenas de miles de mipymes que transan con
el Estado a través de una diversa modalidad de oportunidades, y
se benefician—o deberían beneficiarse—del porcentaje que la ley
acuerda para ellas, un elevado número gerenciadas por mujeres y
madres solteras que mantienen sus familias a través de esas
negociaciones lícitas.
En la administración pasada se le dio categoría de Viceministerio
al sector y se agregó el término a Industria y Comercio, donde se
implementaron medidas que han sido fortalecidas en la actual
gestión.
Sin embargo, mediante maniobras de difícil control, muchas
grandes empresas han creado incontables mipymes que montan
una competencia desleal al sector al que, de manera justa, no
pertenecen.
Para que se entienda la envergadura, digamos que la gran
empresa “A” le vende a precio competitivo a la mipyme “B”, de
modo que esta tenga margen para ofertar un precio de
competencia al comprador estatal.
Pero de repente A decide crear una o varias mipymes con las
cuales también participar en una comparación de precios, lo que
automáticamente, saca de competencia a B.
Es lo que ocurre desde hace un tiempo, echando por el piso la
vocación distributiva del pastel en la adquisición de bienes y
servicios que procura el Gobierno como política dirigida a hacer
más horizontales las oportunidades y, por consiguiente, los
beneficios que se derivan de operaciones comerciales con la
administración pública.
Sabemos que es engorroso frenar esta práctica desleal que
inclusive se presta para hacer dumping, y buscar que se respete
lo que legalmente corresponde a un sector de por sí precarizado.
Pero algo se debe hacer.
Nelsonencar10@gmail.com