A través de un comunicado, señaló que estos hechos «caracterizados por el uso desproporcionado de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el irrespeto a la dignidad de las personas, donde han sido lesionados dos sacerdotes y varias personas de las mencionadas comunidades, son inaceptables«.
Atribuyó las agresiones a la empresa minera «con el apoyo de miembros de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana».
Recordó que en un Estado de derecho se debe garantizar la justicia, la paz y el respeto a los ciudadanos.
Subrayó que la Iglesia católica, fiel a su misión de defender la vida y la dignidad humana, repudia cualquier acción que violente los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y «se solidariza con las acciones de nuestro hermano obispo de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, también presidente de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente».
«Es inadmisible que el afán de lucro prime sobre la vida y la tranquilidad de las familias afectadas en la zona», expresó.
Dispuestos a buscar una solución
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que, entre todos los sectores involucrados, se respete el debido marco jurídico, «se fomente el diálogo, en el cual estamos dispuestos a participar para buscar una solución justa a esta situación».
Exhortó que «se investiguen estos hechos con imparcialidad, se sancione a los responsables de estos abusos y se garanticen medidas para reparar los daños causados a quienes han sido afectados».
Rememoró que la explotación de los recursos naturales debe realizarse con responsabilidad social, ambiental y ética.
«Invitamos a la comunidad nacional a unirse en solidaridad con los afectados y a expresar de manera pacífica su rechazo a estas prácticas», concluyó la Conferencia del Episcopad
