Por: Armando Olivero Analista Legal
ACP. NEWS.-El reciente voto de la República Dominicana ante la ONU en temas que comprometen la protección de la vida y la soberanía nacional plantea una contradicción legal profunda que no podemos ignorar.
Al observar este comportamiento, surge una inquietante realidad: tal parece que tenemos dos Estados; el nacional y el multinacional o multilateral.
La Dualidad del Estado: El caso de la Resolución L23
Esta dicotomía se manifiesta cuando las acciones en el extranjero parecen divorciarse de las leyes que nos rigen en casa. Un ejemplo claro es el voto a favor de la Resolución L23 sobre refugiados y migrantes, que para muchos expertos representa una cesión de soberanía ante agendas internacionales.
Mientras el Estado Nacional intenta fortalecer sus fronteras y leyes migratorias, el Estado
Multilateral firma compromisos en Nueva York que podrían limitar nuestra capacidad de decidir quién entra y quién se queda en nuestro territorio.
El Choque entre el Código Penal y las Agendas Externas
En el ámbito de la protección de la vida, la contradicción es aún más grave. Mientras nuestro Código Penal y el Artículo 37 de nuestra Carta Magna blindan el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, la representación diplomática en la ONU a menudo se alinea con resoluciones que promueven agendas contrarias a este principio fundamental.
Resulta jurídicamente inaceptable que el Estado Dominicano mantenga una penalización total del aborto en sus leyes internas —defendiendo la vida incluso ante las presiones de expertos de la ONU— y, al mismo tiempo, emita votos internacionales que validan agendas de signo opuesto.
La Constitución como Límite Innegociable
Como Estado soberano, nuestra política exterior no puede ser un ente independiente de
nuestra identidad legal. Un voto en un foro mundial debe ser un reflejo fiel de nuestra
Constitución. Ninguna agenda externa, por más influyente que sea, tiene la jerarquía para
pasar por encima de lo que hemos decidido como nación.
Conclusión
Votar en foros mundiales en contra de lo que nuestra propia ley manda a proteger es un acto
de incoherencia que debilita nuestra soberanía. La fidelidad a la Constitución no es opcional ni
se puede suspender al cruzar la frontera. El Estado debe volver a ser uno solo: aquel que
defiende su Ley Fundamental tanto en el territorio nacional como en el escenario internacional.
