Por: Fidel Lorenzo
Han pasado más de 23 años desde la aprobación de la Ley 136-03, instrumento jurídico que creó el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana. Esta legislación estableció al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) como órgano rector del sistema nacional de protección.
Sin embargo, la realidad parece mostrar una preocupante distancia entre lo que manda la ley y lo que ocurre en la práctica. En lugar de concentrarse plenamente en su papel rector, estratégico y de articulación institucional, CONANI continúa funcionando en muchos aspectos como un órgano operativo, absorbiendo tareas que limitan su capacidad de supervisar, coordinar y garantizar el cumplimiento integral de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
La Ley 136-03 es clara al establecer responsabilidades compartidas entre el Estado, la familia y la sociedad para proteger a nuestro tesoro más importante: los niños, niñas y adolescentes. Pero esa responsabilidad colectiva pierde eficacia cuando las instituciones llamadas a dirigir el sistema presentan debilidades estructurales, conflictos de competencia o falta de claridad en sus funciones.
El hecho de que en apenas cinco años esta institución haya atravesado varios inconvenientes y crisis internas obliga a una reflexión seria y responsable. ¿Estamos frente a desaciertos reiterados en la escogencia de sus autoridades? ¿O existe una interferencia de estructuras paralelas que terminan confundiendo las funciones entre el consejo, la dirección ejecutiva y otros espacios de coordinación gubernamental?
El Gabinete de Niñez y Adolescencia puede representar una herramienta de apoyo importante, pero nunca debería provocar duplicidad de funciones ni debilitar la autonomía técnica e institucional que la ley otorga al CONANI como órgano rector del sistema. Cuando los roles se confunden, los más perjudicados son precisamente quienes menos voz tienen: los niños y las niñas en condiciones de vulnerabilidad.
Más que revisar o modificar la Ley 136-03, lo que verdaderamente necesita la República Dominicana es su aplicación efectiva. El país no carece de legislación en materia de protección infantil; lo que falta es voluntad institucional, coordinación real y cumplimiento responsable de lo que ya está establecido.
Las leyes pierden valor cuando no se traducen en acciones concretas. La niñez dominicana no necesita más discursos ni nuevas estructuras burocráticas: necesita instituciones fuertes, autoridades competentes y un sistema que funcione de manera preventiva, transparente y eficiente.
Antes de pensar en reformar la ley, debemos preguntarnos si realmente hemos cumplido con ella No podemos seguir reaccionando únicamente después de cada escándalo.
La protección de la niñez requiere prevención, institucionalidad fuerte, transparencia y capacidad técnica permanente.
El país necesita fortalecer su sistema de protección, garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 136-03 y devolverle confianza a una sociedad que observa con preocupación cómo los más vulnerables continúan expuestos.
La Niñez Dominicana no puede continuar esperando.
