Por: Blanka Paloma 🕊️
Atención señora Ministra de Interior y Policía, Faride Raful y Director General de la Policía Nacional Dominicana, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz:
Acudir de inmediato contra los jóvenes que difundieron un video amenazando la vida del excelente comunicador Ramón Tolentino.
El Código Penal de la República Dominicana es estricto y contundente, el cual ha sido instituido mediante el Decreto-Ley No. 2274. Este código es el cuerpo legal que rige y sanciona los delitos en nuestro territorio. Según lo establen sus artículos 305 y 307, las amenazas de atentados contra las personas —ya sean verbales, por escrito o mediante gestos y exhibición de armas— son actos punibles que la ley castiga con firmeza para garantizar la paz pública y la protección de la vida.
En ese vídeo hay autores intelectuales y materiales que deben asumir las consecuencias de sus acciones ante la justicia de manera ineludible.
Se stablecen sanciones claras para quienes amenacen a otros con violencia o daño, agravándose esta situación cuando se utilizan armas; ya sean reales o réplicas: por medios de comunicación masivo, o por cualquier vía para difundir el mensaje. Para establecer el castigo y sanción, la ley no distingue la autenticidad del arma y el objeto al momento de tipificar la amenaza porque ya hay una mala intención que consiste en amedrentar y perturbar la paz pública.
En el vídeo se evidencian claramente los autores intelectuales y materiales; quienes envían la amenaza al comunicador mostrando las armas largas y quien hizo el vídeo, quienes deben asumir las consecuencias de sus acciones ante la justicia de manera ineludible.
Se hace un llamado a la ciudadanía a no compartir ni, difundir el video original donde se observa a esas lacras sociales desafían al comunicador Ramón Tolentino. Compartir ese material es otorgarles la viralidad y el reconocimiento que la mentalidad de esos enajenados sociales buscan.
No se debe apoyar el desorden, ni la violencia. Lo correcto es manifestar un rechazo total a través de comentarios y denuncias, protegiendo la integridad de una persona de bien cuyo trabajo tiene un valor incalculable para nuestra sociedad.
Es fundamental que la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful y el Director General de la Policía Nacional de la República Dominicana actúen con la determinación que el caso amerita para frenar este tipo de conductas que atentan contra la vida y la seguridad ciudadana. Nadie tiene derecho a amenazar la vida de un ciudadano. La verdad, la legalidad y la protección de la vida deben prevalecer siempre por encima de cualquier intento de intimidación, sea de relajo, o de verdad.
Artículo escrito por la periodista y colega, Bianka Palomla
Saludos Cordiales.
Blanka Paloma 🕊️
