Por: Armando Olivero Analista Legal
La reciente disposición de la administración estadounidense de Donald Trump de imponer un arancel del 12.5% al gobierno de Luis Abinader ha puesto a la República Dominicana frente a un espejo incómodo. El argumento central desde Washington es directo: el uso sistemático de mano de obra barata en condiciones de vulnerabilidad ha cruzado la línea hacia esquemas de explotación y trabajo forzoso, tolerando además un descontrol fronterizo que alimenta un negocio multimillonario.
Ante esta presión, la reacción inicial de algunos sectores es de desconcierto o aplauso populista. La retórica de golpear económicamente a los países que no regulan sus fronteras ni garantizan estándares laborales suena justa a simple vista. Sin embargo, la economía real encierra una trampa cruel: un arancel generalizado e indiscriminado no lo pagan los verdaderos responsables. No lo pagan los empresarios que se benefician del trabajo servil, ni los políticos complacientes, ni los mandos militares que custodian los pasos fronterizos.
Lo paga el ciudadano común cada vez que va al supermercado y los productos se encarecen, o cuando intenta mantener su empleo en medio de una contracción comercial.
Castigar las fallas del sistema dominicano quebrando el bolsillo de la población trabajadora es un error trágico. Existe una alternativa mucho más inteligente, jurídicamente precisa y quirúrgicamente dolorosa para los verdaderos culpables: un arancel de contención firme pero razonable, combinado con un golpe directo al mentón de las élites locales: la cancelación inmediata de sus visas.
El negocio del caos y la miopía empresarial
La presencia masiva de trabajadores indocumentados sometidos a esquemas de explotación no ocurre por accidente. Detrás de esta realidad opera una estructura de incentivos perversos:
- Sectores empresariales: Grupos que abaratan costos operativos mediante salarios de miseria, eludiendo la seguridad social y perpetuando la informalidad laboral a costa de la dignidad humana.
- Corrupción burocrática y policial-militar: Autoridades y mandos de custodia que cobran peajes o miran hacia otro lado, permitiendo la trata y el tráfico continuo para garantizar el flujo ininterrumpido de mano de obra barata.
Mientras el tejido social dominicano se degrada, los articuladores de este modelo continúan disfrutando del libre tránsito internacional y de los privilegios del comercio transfronterizo. A un gran empresario explotador, a un político corrupto o a un militar atornillado en la frontera no le impacta que el país sufra una recesión por aranceles impositivos; al fin y al cabo, su patrimonio acumulado los protege. Pero quítales la visa para entrar a Estados Unidos y verás cómo cambia la ecuación.
El verdadero talón de Aquiles: Los privilegios personales
El miedo real de estas cúpulas no es la pérdida marginal del presupuesto público, sino la pérdida de sus privilegios individuales:
- Sanción directa al capital explotador: El día que un empresario entienda que tolerar o beneficiarse del trabajo forzoso y de la contratación ilegal le costará la revocación de su visa comercial y la parálisis de sus nexos financieros en el exterior, las condiciones laborales y los salarios se regularizarán en tiempo récord.
- Costo de oportunidad a la élite: Si los altos mandos y tomadores de decisión comprenden que por tolerar el desorden fronterizo no podrán viajar a Nueva York, ni llevar a su familia de vacaciones a Miami, ni enviar a sus hijos a universidades estadounidenses, la complicidad institucional y la desidia se extinguirán de inmediato.
Una estrategia de presión equilibrada
La respuesta ante las exigencias de la política exterior debe basarse en un principio de proporcionalidad estratégica:
- Arancel del 12.5%: Funciona como una advertencia macroeconómica suficiente para obligar al Palacio Nacional y al sector privado a reestructurar su modelo laboral e institucional, sin destruir la estabilidad económica de la clase trabajadora dominicana.
- Revocación masiva de visas: Funciona como un misil teledirigido directo al corazón de los promotores directos del trabajo forzoso, los empresarios codiciosos y las autoridades que traicionan sus funciones.
Conclusión
El gobierno de Luis Abinader y el sector empresarial deben comprender que la era de la mano de obra servil y del desorden fronterizo acomodaticio ha llegado a su fin. Las fronteras y el trabajo digno no solo se defienden con discursos diplomáticos vacíos ni con despliegues mediáticos; se defienden eliminando la rentabilidad de la impunidad.
Si la comunidad internacional y las potencias aliadas desean verdaderamente erradicar el trabajo forzoso y ordenar el flujo migratorio, el camino no es asfixiar al pueblo dominicano. Toquemos los intereses de quienes incumplen la ley, pero, sobre todo, cerremos las fronteras de par en par para las élites civiles y militares que se enriquecen con el caos. Verán qué rápido se ordena la casa.
