Un análisis crítico a la luz de la Ley No. 65-00, el Reglamento No. 362-01, el Convenio de Berna y la doctrina de Morales & Ossa
Por. Armando Olivero. (Abogado Músico Forense y Analista Legal en Propiedad Intelectual Encargado del Departamento de Investigación y Peritaje de Obras (DIPO) – ONDA).
La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en el ámbito creativo contemporáneo ha detonado un debate doctrinal e institucional sin precedentes. En un reciente y valioso estudio publicado por la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual (2026), los destacados juristas Marco Antonio Morales Montes y Claudio Ossa Rojas ofrecen una rigurosa radiografía sobre las tensiones que la IA plantea al Derecho de Autor y a la función registral en la región. Su análisis coincide sustancialmente con el principio antropocéntrico fundamental: la autoría humana constituye el pilar ineludible e insustituible para la protección jurídica.
Sin embargo, al trasladar este debate al ordenamiento jurídico de la República Dominicana, surge una cuestión técnica de vital importancia que exige precisión doctrinaria e institucional: la delimitación estricta de las competencias legales de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) frente al examen de las solicitudes de registro.
I. El Principio Antropocéntrico y la Naturaleza del «Mero Producto»
Tanto el Convenio de Berna (Artículos 6bis y 7) como la legislación dominicana —encabezada por el Artículo 52 de la Constitución y el Artículo 5 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor— reservan la condición de «autor» exclusivamente a la persona física que realiza la creación intelectual.
Los algoritmos y modelos de IA generativa carecen de personalidad jurídica y de la voluntad expresiva propia del ser humano. En consecuencia, como aciertan Morales y Ossa, los resultados generados de forma autónoma por un software no constituyen obras protegibles, sino «meros productos» o contenidos sintéticos fuera del ámbito de protección de la propiedad intelectual.
II. El Límite Legal de la ONDA: Órgano Pasivo, No Represivo ni Evaluador
El punto neurálgico del debate radica en la tentación institucional de atribuir a las oficinas de registro la función de «evaluadores de originalidad» o «jueces de la impronta humana» en los procesos de inscripción. En el contexto dominicano, este enfoque colisiona frontalmente con el diseño legal vigente.
Conforme al artículo 151 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor y al artículo 57 de su Reglamento de Aplicación No. 362-01, el registro de derecho de autor en la República Dominicana posee una naturaleza estrictamente declarativa y no constitutiva de derechos (en consonancia con el artículo 3 de la citada ley y el artículo 55 de su reglamento). Por tanto, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) no está facultada por la ley para juzgar, prejuzgar ni valorar el mérito, la calidad, la estética o la originalidad de la obra presentada.
La ONDA opera legalmente como un órgano eminentemente pasivo, garantista y declarativo, no como un ente represivo o tribunal de censura. Su rol administrativo se constriñe a la recepción, depósito y certificación de las creaciones depositadas, debiendo registrar todo material que le sea presentado siempre que cumpla con los procedimientos y requisitos administrativos reglamentados.
III. Consecuencias Dogmáticas y la Solución Administrativa Procedimental
Exigir a la ONDA que emita juicios de valor técnico sobre si un comando o instrucción de entrada fue «suficientemente complejo» o si la participación de la IA superó el umbral de «asistencia técnica» desnaturalizaría la función registral, vulnerando además el Artículo 5.2 del Convenio de Berna, el cual prohíbe subordinar el goce y ejercicio del derecho de autor al cumplimiento de formalidades o exámenes sustantivos de patentabilidad.
Esto no significa que la institución deba permanecer ciega ante el avance tecnológico. La solución para preservar la fe pública registral radica en la vía administrativa procedimental: la implementación de formularios estandarizados de autoría y transparencia tecnológica. A través de estos instrumentos, es el solicitante quien asume la responsabilidad legal y penal sobre la veracidad de la intervención humana en su obra.
Conclusión
«La ONDA es un órgano eminentemente pasivo, declarativo y garantista. Su función constitucional y legal es registrar y dar fe pública a las solicitudes que cumplan los requisitos formales, reservando a la justicia ordinaria cualquier debate sobre el mérito, la calidad, la originalidad o la apreciación estética de la obra.»
La protección de la creatividad humana en la era de la inteligencia artificial no exige transformar a nuestras oficinas registrales en tribunales represivos o evaluadores estéticos.
En la República Dominicana, la ONDA debe preservar su carácter de órgano garante y pasivo, velando por la seguridad jurídica formal del depósito registral, mientras que la controversia sustantiva sobre la originalidad y la validez del derecho de autor continuará correspondiendo, como establece el mandato constitucional y la Ley No. 65-00, al fuero jurisdiccional de los tribunales de la República.
