Durante una entrevista en el espacio “Cátedra Jurídica”, conducido por el doctor Manuel Conde, Ramírez sostuvo que en el proceso de aprobación del Código Penal se habría vulnerado el procedimiento constitucional que debe observar el Congreso Nacional al momento de sancionar una legislación.
La jurista explicó que uno de los principales cuestionamientos radica en que el proyecto finalmente sometido a votación en el Senado no correspondía al mismo texto que había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados.
“Tú ves las actas, y el presidente del Senado presionado porque tenía que votarse, comienza a dar lectura a un informe interno de una comisión interna de la Cámara de Diputados y al final lo que se vota es ese informe interno de una comisión interna de la Cámara de Diputados, no el proyecto de Código Penal que se votó en la Cámara de Diputados, porque llegó bastante tarde”, explicó.
Ramírez sostuvo que esta situación tendría importantes consecuencias desde el punto de vista constitucional, debido a que el Senado debió conocer el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y no un informe interno de una comisión.
“Al final resulta que, con esta presión de que tenía que haber código, resulta que lo que aprobó el Senado no fue el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces eso tiene un efecto importante, porque al final hay una disrupción total del procedimiento constitucional”, alertó.
Violación a la separación de poderes
La especialista afirmó además que durante el proceso se produjeron violaciones a la separación de poderes y al principio democrático, establecidos en los artículos 98 y 99 de la Constitución de la República.
Ramírez consideró que la situación no debe analizarse únicamente desde el punto de vista del contenido de la nueva legislación, sino también tomando en cuenta la forma en que fue aprobada, debido a que el procedimiento legislativo constituye una garantía del principio democrático.
Advierte posibles consecuencias
La especialista señaló que los cuestionamientos podrían adquirir mayor relevancia ante el Tribunal Constitucional, debido a que, según indicó, más de 12 recursos de inconstitucionalidad han sido elevados contra el nuevo Código Penal.
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