El Hotel Cervantes: Una Inversión Millonaria que Terminó Sin Los Tribunales Prometidos
Por: Fidel Lorenzo
Hay historias que, por el volumen de los recursos públicos involucrados y por el resultado final, merecen ser revisadas con detenimiento. La transformación del antiguo Hotel Cervantes, ubicado en la avenida Bolívar esquina calle Cervantes, en Gascue, es una de ellas.
Lo que originalmente fue concebido como una solución para alojar importantes tribunales del Distrito Nacional terminó convertido en una infraestructura que no cumplió el propósito para el cual fue adquirida y remodelada, después de comprometer recursos públicos por cientos de millones de pesos.
Los documentos y publicaciones disponibles muestran que el entonces Consejo del Poder Judicial adquirió el inmueble por aproximadamente RD$144 millones. Posteriormente, se adjudicó a Constructora Vélez y Sánchez (CONVESA) un contrato de remodelación y construcción por RD$103.4 millones, impuestos incluidos.
Pero la historia no terminó allí.
A estos recursos se sumaron aproximadamente RD$86 millones para la construcción de un edificio de parqueos de cuatro niveles, además de unos RD$25 millones en trabajos adicionales. De acuerdo con las cifras publicadas, la inversión global llegó a aproximadamente RD$358.5 millones.
Estamos hablando de una cantidad considerable de dinero público.
La pregunta inevitable es: ¿cómo una inversión de esta magnitud terminó sin producir el resultado esperado?
Un proyecto concebido para descongestionar los tribunales.
El propósito de la adquisición era convertir el antiguo hotel en un complejo judicial que albergara distintas jurisdicciones, entre ellas tribunales especializados, salas de familia, tribunales de trabajo y otras dependencias del sistema de justicia.
La iniciativa tenía sentido desde el punto de vista institucional.
El sistema judicial dominicano necesita instalaciones adecuadas, accesibles, seguras y dignas para jueces, abogados, empleados y ciudadanos que diariamente acuden a los tribunales.
Precisamente por eso resulta difícil comprender que un proyecto de esta naturaleza haya terminado paralizado.
La obra comenzó en 2018 y, según declaraciones de la propia empresa constructora recogidas por la prensa, llegó a superar el 90 % de ejecución.
Sin embargo, después del cambio de autoridades del Poder Judicial en 2019, los trabajos fueron paralizados.
A partir de entonces comenzó una controversia técnica, contractual y judicial que todavía proyecta interrogantes sobre el destino de una inversión millonaria.
¿El problema estaba en la construcción?
Uno de los puntos más delicados de esta historia tiene que ver con las evaluaciones técnicas realizadas sobre la obra.
El Poder Judicial contrató estudios que señalaron supuestas deficiencias relacionadas con trabajos ejecutados fuera de los planos, permisos, normas técnicas y aspectos estructurales. Uno de los informes llegó a considerar las edificaciones inoperables.
Pero posteriormente surgieron evaluaciones técnicas que cuestionaron algunos de esos señalamientos.
Incluso profesionales vinculados al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) realizaron evaluaciones que plantearon conclusiones diferentes y recomendaron continuar la construcción para evitar el deterioro de lo ya ejecutado.
Esto plantea una cuestión fundamental.
Si existían discrepancias técnicas sobre la seguridad y viabilidad de la obra, ¿por qué no se procuró oportunamente una evaluación técnica independiente, definitiva y vinculante que permitiera determinar si el proyecto debía terminarse, corregirse o abandonarse?
Cuando se trata de recursos públicos, las decisiones no pueden depender únicamente de percepciones administrativas o de informes contradictorios. Se necesita certeza técnica y jurídica.
La batalla judicial
El conflicto terminó en los tribunales.
En 2024, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo condenó a CONVESA al pago de RD$20 millones al Consejo del Poder Judicial y declaró resueltos los contratos relacionados con el proyecto.
La decisión se produjo en medio de una controversia en la que las partes sostenían posiciones diferentes respecto de las responsabilidades por los problemas de la obra.
CONVESA, por su parte, recurrió la decisión y ha sostenido argumentos relacionados con la responsabilidad del propietario respecto de permisos y condiciones previas para la ejecución del proyecto.
Es decir, no estamos ante una historia en la que exista una sola versión de los acontecimientos.
Y precisamente por eso resulta necesaria una revisión integral de todos los documentos: contratos, adendas, cubicaciones, pagos, informes técnicos, permisos, tasaciones, actas administrativas y decisiones judiciales.
Quizás aquí se encuentra la parte más sorprendente de esta historia.
Después de haberse invertido aproximadamente RD$358.5 millones, el inmueble no terminó funcionando como el complejo judicial que se había proyectado.
En diciembre de 2024, el Consejo del Poder Judicial transfirió a Bienes Nacionales el usufructo del terreno y las mejoras del antiguo Hotel Cervantes, recibiendo a cambio el edificio del Registro Inmobiliario ubicado en el Centro de los Héroes.
La operación plantea una pregunta que cualquier ciudadano tiene derecho a formular:
¿Cuál fue finalmente el beneficio obtenido por el Estado después de semejante inversión?
No se trata de cuestionar la necesidad de mejorar las instalaciones judiciales. Todo lo contrario, se trata de exigir que cada peso invertido produzca el resultado esperado.
La responsabilidad no puede desaparecer entre contratos.
En una democracia responsable, las instituciones públicas deben estar sometidas al escrutinio ciudadano.
No basta con saber cuánto costó una obra. Hay que saber por qué se decidió adquirir determinado inmueble, qué estudios sustentaron la decisión, qué condiciones se establecieron en los contratos, quién supervisó los trabajos, qué modificaciones fueron autorizadas, cuánto se pagó finalmente, por qué se paralizó la obra y quién asumió las consecuencias de que el proyecto no alcanzara su objetivo original.
Y, sobre todo, debemos saber si hubo fallas de planificación, supervisión, contratación o administración, eso no significa acusar anticipadamente a nadie de corrupción, significa algo mucho más sencillo y democrático: pedir cuentas.
Cuando se utilizan recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos, la transparencia no puede ser opcional.
Una inversión pública no puede terminar convertida en una pregunta, el caso del Hotel Cervantes debería servir como una oportunidad para fortalecer los mecanismos de planificación y supervisión de las obras públicas.
Porque el problema no es solamente el dinero que se gastó, el verdadero problema es que detrás de esos cientos de millones existen ciudadanos que pagan impuestos, instituciones que necesitan recursos y necesidades sociales que pudieron haber sido atendidas con ellos.
Una obra pública puede sufrir retrasos. Puede necesitar modificaciones. Incluso puede enfrentar dificultades técnicas.
Lo que no debería ocurrir es que después de comprometer cientos de millones de pesos, el Estado termine preguntándose qué hacer con una infraestructura que fue concebida para resolver un problema y terminó sin cumplir la función para la cual fue adquirida.
El antiguo Hotel Cervantes deja, por tanto, una lección que trasciende al Poder Judicial:
En la administración pública no basta con gastar el dinero correctamente; hay que demostrar que se gastó para alcanzar el resultado correcto.
Y cuando una inversión pública de cientos de millones termina sin cumplir su propósito original, la sociedad tiene derecho a conocer toda la verdad: cuánto se gastó, por qué se gastó, qué falló y quién debe responder.
Porque los recursos públicos no tienen dueño particular.
Son dinero de todos. Y cuando se pierde la eficiencia en su utilización, la cuenta también la pagamos todos.
