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DGM conmemora 87 Aniversario: reafirma compromiso con seguridad nacional y la gestión migratoria del país*

SANTO DOMINGO*.- El tema migratorio ha sido declarado “de alto interés para la seguridad nacional” y su impacto es objeto de discusión en el marco del diálogo nacional desarrollado en el Consejo Económico y Social con los diferentes sectores, explicó el Director General de Migración, Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD.

El fenómeno migratorio en el país afirmó, tiene raíces históricas vinculadas al desarrollo de los sectores productivos y se ha convertido en “una realidad compleja que exige respuestas firmes, coordinadas y sostenibles”, dijo. En estos términos se refirió el director de la DGM, al final de la misa de acción de gracias oficiada por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo, en la Catedral Primada de América, en ocasión del 87.º Aniversario de la institución.

Durante la homilía, además, el prelado Morel Diplán resaltó el trabajo que realiza la institución y “la importancia de hacer cumplir la Ley, pero respetando siempre los derechos humanos y la dignidad de los extranjeros, que transitan o viven en territorio nacional”.

En la actualidad, detalló Lee Ballester, los flujos migratorios irregulares, particularmente desde Haití, responden a factores estructurales, en un contexto que “ha incrementado la presión migratoria hacia nuestro territorio, demandando una gestión responsable, coherente y alineada con la seguridad y desarrollo del país”. El titular de la DGM, expuso, “es claro y preciso: hacer cumplir la Ley General de Migración y las disposiciones del Estado Dominicano. No tenemos facultad deliberativa en la definición de las políticas migratorias, actuamos como órgano ejecutor”.

Por esto, aseguró Lee Ballester, “hemos fortalecido nuestras capacidades operativas, ampliando las acciones de interdicción y consolidando una mayor presencia institucional”, incluyendo el reclutamiento de más de 1,200 agentes de interdicción, de los cuales más de 1,000 ya se encuentran desplegados realizando operaciones. Este despliegue, agregó, “ha sido posible gracias al fortalecimiento del capital humano, mejora de los procesos y la incorporación de tecnologías”.

Explicó que los nuevos agentes son formados con estrictos estándares de derechos humanos, legalidad y uso proporcional de la fuerza, mientras se avanza en el sistema de control incorporando mecanismos de verificación y registro que permiten actuar con mayor precisión. Lee Ballester, además, destacó que la institución avanza en el desarrollo del Centro de Operaciones de Control Migratorio, que permitirá “integrar información relativa a los flujos migratorios por los diferentes puntos de control para fortalecer el análisis de riesgo y mejorar la toma de decisiones”.

Resaltó el apoyo del Presidente de la República, Luis Abinader, con recursos para equipamiento y logística, con el objetivo de hacer más eficientes los procesos y procedimientos de la DGM. Estas inversiones, explicó, han permitido mejorar la movilidad y eficiencia de las operaciones, ampliar la cobertura territorial y responder con mayor eficacia a las dinámicas cambiantes del fenómeno migratorio.

De octubre del 2024 a la fecha, informó se han deportado 597 mil extranjeros en condición migratoria irregular, se han fortalecido los controles en aeropuertos, puertos marítimos y puestos fronterizos, gracias al trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

En la Eucaristía participaron, en representación de la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la Viceministra de Asuntos Migratorios Dayana Díaz; en representación del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., el Viceministro de Defensa para Asuntos Militares, Mayor General Miguel Ángel Rubio Báez, ERD., y el Comandante General de la Armada Vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

Además, estuvieron presentes el Dr. Milton Ray Guevara, pasado Presidente del Tribunal Constitucional, los empresarios Elena Viyella de Paliza y Porfirio López Nieto, Sacha Zacarías, Maritza López Castaños de Ortiz, presidenta administradora del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) en la República Dominicana, Aníbal de Castro, director del Diario Libre, Persio Maldonado director del Periódico Nuevo Diario, junto a otras autoridades civiles, militares e invitados especiales.

Concluida la misa una comitiva encabezada por el Vicealmirante Lee Ballester se dirigió al Altar de la Patria para depositar una ofrenda floral. De regreso a la sede central de la DGM, las celebraciones culminaron en el Salón Juan Pablo Duarte con un acto de reconocimiento a más de 130 colaboradores destacados, por su desempeño y compromiso con los objetivos institucionales.

*Dirección de Comunicaciones*

Autoridades capturan tras seguimiento de inteligencia a ocho hombres vinculados al decomiso de 1.7 toneladas de cocaina

_Los individuos eran buscados activamente  luego de escapar en medio de un tiroteo en las proximidades de playa Blanca, provincia de Pedernales_ 
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), apoyados por la Direccion de Migración (DGM) y bajo la coordinación del Ministerio Público, ejecutaron dos operaciones simultáneas, donde arrestaron a ocho hombres de distintas nacionalidades, vinculados al decomiso de 1, 670 paquetes de cocaína, con un peso total de 1, 707.92 kilogramos, en costas de la provincia de Pedernales.
Los equipos operativos, como parte del seguimiento a los casos de narcotráfico, arrestaron mediante orden judicial, en el Vacacional de Haina, provincia San Cristóbal, a los venezolanos Pedro Marcano Larosa, Jeorge Luis Espina Vilchez, Yoenny Yaguar Ugaz, Auderma José Salazar y/o Douglas Enmanuel Gutiérrez, Ronni Jose Lopez, asi como al colombiano Erick Gonzalez Gonzalez.
Simultáneamente y en cumplimento a órdenes operacionales, agentes de la DNCD, coordinados por fiscales, se trasladaron al sector La Placeta, provincia de Azua, donde apresaron a los dominicanos Juan Daniel Cuevas y Wilbert Orlando Medina Medina.
Recientemente, los organismos de seguridad de la República Dominicana, apoyados por la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocuparon un cargamento de 1, 670 paquetes de cocaína frente a las costas de la provincia de Pedernales.
Se recuerda que en medio de una persecución, los individuos aceleraron la marcha, lograron emplayar la lancha, en las proximidades de playa Blanca, comunidad de Trudille e inmediatamente la emprendieron a tiros contra los militares y agentes que respondieron la agresión, originándose una refriega.
“Estamos frente a estructuras criminales que emplean narcolanchas equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuyo modo operativo, consiste en tratar de introducir a territorio dominicano, grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica”.
Los detenidos, cinco venezolanos, un colombiano y dos dominicanos fueron trasladados bajo un amplio dispositivo de seguridad hacia la provincia de Pedernales para los fines legales correspondientes.

MP cree «Impertinente» Nuevo Peritaje en caso «Jet Set», insiste debe ir a Juicio de Fondo

Wilson Camacho sostuvo que el órgano acusador confía en que se haga justicia en el Caso Jet Set y consideró impertinente el reclamo y la realización de un nuevo peritaje en un caso en el que las causas del desplome están claramente establecidas


Por Estephanie Carrasco. 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sostuvo la noche de este viernes que deben ser enviados a juicio los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, un hecho que dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos.

Al responder preguntas de la prensa tras concluir la audiencia preliminar, Camacho dijo que durante el proceso el Ministerio Público hace todos los esfuerzos para que haya justicia.

“Lo hizo desde el primer momento, recabando y preservando los elementos de pruebas que permitieron realizar una investigación. Lo hicimos luego, designando una comisión de peritos, incluyendo un perito internacional para determinar la razón del colapso de la discoteca Jet Set”, sostuvo.

“Y esa razón está claramente establecida, que el colapso se debió al sobrepeso que los administradores de la discoteca le colocaron al techo”, añadió.

“Eso es un tema que está claramente establecido en el peritaje. Y hoy, incluso en el tribunal, exigimos que el tribunal escuchara a todas y cada una de las víctimas que tienen derecho a ser escuchadas, ya que este es un elemento, incluso, propio de la reparación”, afirmó.

Dijo que el juez anunció que el 15 de junio, a partir de las 10:00 de la mañana, rendirá su decisión en el proceso. “Lo ha hecho sobre la base de que es un caso de tramitación compleja y la norma le permite tomarse ese espacio”, detalló.

Con relación a preguntas sobre el peritaje que realiza la defensa, dijo “lo hemos establecido en el tribunal, lo repetimos aquí: no hay ninguna razón, no hay ninguna necesidad de un peritaje de la defensa”.

“Primero, porque las causas por las que colapsó el Jet Set están claramente establecidas; segundo, porque la propia defensa en el tribunal se acogió a los hechos planteados por el Ministerio Público y a las pruebas del Ministerio Público, incluyendo el peritaje”, añadió, para concluir: “por ende, otro peritaje es, simple y llanamente, impertinente”.

Sobre la calificación jurídica, explicó que queda ahora a criterio del tribunal decidir con que calificación jurídica manda el caso a juicio. “La discusión de este tema es una cuestión muy técnica y en mi opinión muy particular hay algunas confusiones, sobre todo, por el elemento del conocimiento, conocer las posibles consecuencias es un elemento que es propio del dolo eventual y es un elemento que es propio de la culpa consciente”, detalló.

En ese mismo orden, Camacho dijo que “ambos elementos comparten el tema del conocimiento; el caso no se resuelve ahí, se resuelve en la representación del daño, y esa representación del daño, conforme lo ha establecido el Ministerio Público, que es una conclusión a la que llega conforme establecen las pruebas, es una tipificación de culpa consciente como lo ha establecido el Ministerio Público”.

“Esperamos que el tribunal sobre esta base envíe este caso a juicio”, sostuvo.

En esta audiencia el órgano acusador estuvo representado por Camacho y los fiscales Rosa Ysabel Mejía, Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, adscritos a la Dirección de Persecución. También Magalis Sánchez, adscrita a la Fiscalía del Distrito Nacional.

El expediente indica que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura.

Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

En el proceso los fiscales aportaron los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público para determinar las causas del colapso de la discoteca.

«Estan Cayendo»; 18 Meses en La Chirola para Implicado en Fraude Millonario SENASA

 

La procuradora de corte Mirna Ortiz resalta que el juez, como el Ministerio Público, entendió que se trata de hechos graves que afectaron fondos del SeNaSa

Por Estephanie Carrasco.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, un juez del Distrito Nacional impuso prisión preventiva por 18 meses a Ángel Luis Guzmán Vásquez por su vinculación con la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), valoró la decisión del juez Rigoberto Sena, quien, además, declaró el proceso de tramitación compleja.

“El juez, también, estuvo conteste con el Ministerio Público, de que se trata de hechos graves, que atentan no solo con los fondos públicos, sino, también, con la salud de las personas a las que se les drenó dinero de su seguro médico y que eso pudo traducirse eventualmente en falta de asistencia, de cobertura y de servicios”, señaló Ortiz.

Recordó que el caso de Guzmán Vásquez se abre como resultado de una de las líneas de investigación que desarrolla el Ministerio Público a partir de la Operación Cobra que enfrentó a la estructura que afectó los fondos del SeNaSa.

“Su rol, a pesar de ser auxiliar de un departamento, era el hecho de tener acceso a las fuentes de información. Tenía acceso a los programas; tenía acceso a códigos privilegiados; incorporó códigos de médicos. Facturaron servicios sin ser ofrecidos porque tenía todos los accesos siendo empleado de la institución”, señaló.

Dijo que Guzmán Vásquez no ha negado la contundencia de las imputaciones, aunque intente defenderse de algunas. “Pero, el juez entendió y, así lo establece en su resolución, que los hechos ocurrieron tal cual el Ministerio Público relató en su medida”, resaltó.

El Ministerio Público durante la audiencia estuvo representado en la litigación por la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, así como por los procuradores fiscales Rosa Alba García Alexis Piña y Emmanuel Ramírez.

Ortiz se refirió al proceso al responder preguntas de periodistas que cubren la fuente judicial luego de la imposición de la medida de coerción.

El proceso

Según el órgano acusador, Guzmán Vásquez está vinculado a la red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos del Estado dominicano y en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022, trató de salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno al país.

El imputado está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la red criminal que estafó al SeNaSa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para hacerse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.

Como parte de la operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.

Tras la puesta en marcha de la Operación Cobra en diciembre pasado fue arrestado y sometido a la justicia Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, quien ayer les fueron ratificados los 18 meses de prisión preventiva que cumple desde el mes de diciembre del pasado año en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Junto a Hazim Albainy, también cumplen la misma medida de coerción los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Por el caso también son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes tienen medidas de coerción de arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

 

 

Monseñor Manuel Antonio Ruiz clausura las fiestas patronales de San José Obrero con la confirmación de 57 niños, adolescentes y jóvenes

Por Estephanie Carrasco.

Santo Domingo Este. – En el marco de las fiestas patronales de la parroquia San José Obrero, patrono de los trabajadores, el obispo de la Diócesis Stella Maris, monseñor Manuel Antonio Ruiz, presidió la celebración de la Confirmación de 57 niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad parroquial, durante una solemne Eucaristía concelebrada junto al párroco, padre Martín Tirapú; el P. Joselito Abreu, CM; el P. Pelagio Taveras, CM, y acompañada por los diáconos Mikelson y Santiago Lebrón.

Durante la celebración, los confirmandos recibieron el sacramento de la Confirmación, dando un paso firme en su vida cristiana e incorporándose con mayor compromiso a la misión de la Iglesia.

Este proceso formativo fue acompañado por las catequistas coordinadoras Maura Díaz y Luisa María Durán de Mencía, junto a otras cuatro catequistas, quienes guiaron de cerca la preparación de los confirmandos.

En su homilía, monseñor Manuel Antonio Ruiz centró su mensaje en el valor del trabajo como mandato divino, tomando como modelo a San José Obrero, a quien definió como ejemplo silencioso de entrega, responsabilidad y fidelidad.

“El trabajo dignifica, eleva y forma parte del proyecto de Dios para el ser humano”, expresó el obispo, al recordar que desde la creación Dios confió al hombre la misión de trabajar, cuidar y administrar responsablemente todo lo creado.

Asimismo, advirtió sobre los peligros de una cultura marcada por la comodidad y la falta de esfuerzo, señalando que el amor al trabajo debe cultivarse desde el hogar. En ese sentido, exhortó a los padres a enseñar a sus hijos, desde pequeños, el valor de las responsabilidades cotidianas y del esfuerzo personal.

“No se aprende a trabajar desde la comodidad, sino trabajando. Hay una generación que quiere resultados sin sacrificio, pero quien aprende a trabajar podrá enfrentar cualquier crisis”, sostuvo.

Monseñor Ruiz también hizo un llamado a vivir no solo el trabajo humano, sino también el trabajo espiritual y pastoral, recordando a los nuevos confirmados que recibir los sacramentos implica producir frutos concretos de fe.
Dirigiéndose a los niños y jóvenes, destacó que la Confirmación no es un punto final, sino el inicio de una misión dentro de la Iglesia y la sociedad.

“Ya tienen el pasaporte espiritual con el bautismo, la primera comunión y la confirmación, pero en el cielo les preguntarán por los frutos de esos sacramentos”, afirmó.
Asimismo, motivó a los padrinos y madrinas a asumir con seriedad su papel como guías espirituales, recordándoles que son referentes directos para sus ahijados en el crecimiento de la fe.

En un mensaje cercano y directo, exhortó a los nuevos confirmados a convertirse en testimonio vivo del Evangelio en sus hogares, escuelas y comunidades, dejando atrás actitudes contrarias a la vida cristiana.

“Si hoy reciben el Espíritu Santo, algo grande tiene que pasar en ustedes. Tienen que ser diferentes, dar buen testimonio y convertirse en luz dondequiera que estén”, manifestó.

La celebración contó, además, con la participación activa de varios confirmados en el ofertorio, la oración universal y la presentación de las ofrendas, fortaleciendo el sentido de pertenencia y compromiso con la vida parroquial.

Al finalizar la Eucaristía, la niña confirmada Darah Then ofreció unas emotivas palabras de acción de gracias en nombre de todos los confirmados y sus familias. Asimismo, los catequistas agradecieron a monseñor Manuel Antonio Ruiz por su cercanía y acompañamiento pastoral, haciéndole entrega de un presente en representación del equipo de catequesis.

La comunidad parroquial vivió con entusiasmo esta jornada de clausura de sus fiestas patronales, reafirmando su identidad como una Iglesia comprometida con el trabajo, la misión y los valores cristianos inspirados en San José.

Hacia un Protocolo de Debida Diligencia Autoral: La prevalencia del Registro sobre el Depósito Legal

Por: Armando Olivero Analista Legal

En la práctica cotidiana del Derecho de Autor, los creadores se enfrentan frecuentemente a dos obligaciones estatales que, aunque conviven, responden a lógicas y fines distintos: el Registro de la obra ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y el Depósito Legal ante la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Sin embargo, existe una confusión sistémica respecto al orden y la naturaleza de estos procesos. Este artículo propone la adopción de un «Protocolo de Debida Diligencia Autoral», donde el registro previo se establece como un
mecanismo indispensable de blindaje jurídico antes de la exposición pública de la obra.

I. La dicotomía entre el «Seguro de Propiedad» y el «Seguro de Vida Cultural»

Es imperativo diferenciar la naturaleza de ambas instituciones, pues el orden en que se
cumplen estas obligaciones no es circunstancial, sino estratégico para la protección de la obra:
1. El Registro en ONDA (Seguro de Propiedad): Esta es una función de adjudicación y fe
pública. La ONDA, al emitir el certificado de registro, no solo está archivando un
ejemplar; está declarando una presunción iuris tantum de titularidad.

Es un acto forense y jurídico que blinda la propiedad intelectual contra terceros.Nota Técnica sobre la Naturaleza de la Fijación: Es vital comprender que la ley categoriza las obras por su forma de percepción, no solo por su soporte. Un libro electrónico (fijado en un soporte digital de percepción visual, como el formato PDF) es una obra literaria digital.

Por el contrario, un audiolibro es jurídicamente un Fonograma, ya que constituye una fijación de sonidos. Aunque el audiolibro se distribuya en bits (digitalmente), no pertenece a la
categoría de «Libro Digital» en sentido estricto, sino que goza de una autonomía jurídica
que protege la ejecución sonora y los derechos conexos del productor. Esta distinción
permite un peritaje preciso sobre la titularidad y la explotación de la obra.
2. El Depósito Legal y la Identificación Bibliográfica (Seguro de Vida Cultural): Esta es
una función de preservación y memoria. Las bibliotecas nacionales, a través de sus
respectivas agencias nacionales del ISBN e ISSN, otorgan principalmente los siguientes
códigos de identificación para libros y publicaciones:

○ ISBN (International Standard Book Number): Código empleado para normalizar
internacionalmente el registro y la identificación del libro y los productos editoriales afines, para facilitar su circulación.
○ ISSN (International Standard Serial Number): Código empleado para normalizar
internacionalmente el registro y la identificación de las publicaciones seriadas o
periódicas.
○ Depósito Legal: Aunque no es un código numérico estándar como los anteriores,
es un número de registro obligatorio que se otorga para garantizar la conservación
del patrimonio bibliográfico, siendo indispensable para la custodia de la obra.

II. La Biblioteca como repositorio de buena fe (El riesgo sistémico)
La Biblioteca Nacional actúa de buena fe y bajo una presunción de legalidad sobre los
materiales que recibe. No tiene, ni debe tener, la facultad de dirimir controversias sobre la
autoría de una obra. Si un autor deposita una obra plagiada sin haber pasado previamente por registro en ONDA, la institución simplemente archiva una infracción.

El riesgo aquí es sistémico: el Estado podría estar validando inadvertidamente obras con titularidades dudosas.

III. El valor de la Fe Pública Forense

La superioridad técnica del registro previo ante la ONDA radica en la inversión de la carga de la
prueba:
● Sin el certificado de ONDA: Ante un conflicto de autoría, el creador se enfrenta a una
batalla probatoria incierta.
● Con el certificado de ONDA: El autor posee un título de propiedad emitido por el
Estado. En caso de litigio, el tercero tiene la pesada carga de desvirtuar la fe pública que
otorga dicho certificado.

El registro es una pieza de convicción y el blindaje que evita «investigar más allá» de la
evidencia documental cuando los tribunales solicitan la cadena de custodia de la obra.
IV. Conclusión: Hacia un estándar de «Debida Diligencia»

La propuesta es clara: no se debe depositar en la Biblioteca lo que primero no se ha registrado
en la ONDA. Elevar esta práctica a un estándar cerraría una brecha de seguridad importante en
nuestro sistema de propiedad intelectual.
Para el autor, este orden de factores garantiza su integridad. Primero, el blindaje jurídico
(ONDA), que asegura la titularidad y la correcta categorización técnica (ya sea como obra
literaria impresa, digital de percepción visual o fonograma); después, la publicidad cultural y la
identificación técnica (Biblioteca Nacional, ISBN/ISSN), que asegura la permanencia histórica y
comercial.

Adoptar este protocolo es un acto de responsabilidad que fortalece la seguridad
jurídica de todo el sistema creativo dominicano

Condenan a 20 años de prisión a un hombre que mató a su pareja en Monte Plata

 

Ruben Hernández/Jefe de Redacción/Editor Congreso

Un hombre fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de quitarle la vida a su pareja sentimental el 31 de agosto de 2024 en Monte Plata, se informó este viernes.

La condena fue dictada por el Tribunal Colegiado de Monte Plata en contra de Anastacio Hernández Pascual (Pindo) por la muerte de Elaine Esther Andújar, a quien produjo heridas contundentes de arma blanca en la cabeza, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

El expediente indica que el imputado fue arrestado en flagrante delito por miembros de la Policía Nacional, en el sector Pueblo Nuevo Debajo, de Sabana Grande de Boyá, luego de propinarle tres heridas en el cráneo a la víctima con un arma blanca, que provocaron lesión de cuero cabelludo y pericráneo.

También, fractura del hueso temporal, frontal y occipital izquierdo, así como contusión y hemorragia de masa temporal, conllevando a conmoción y anoxia cerebral como mecanismo terminal de la muerte.

Los daños ocasionados se consideran heridas de naturaleza esencialmente mortal, según el informe de autopsia.

MP solicitará prisión preventiva contra hombre que chocó vehículo Digesett en Pedro Brand

Ruben Hernández/Jefe de Redacción/Editor Congreso

El Ministerio Público someterá a la justicia y solicitará la imposición de prisión preventiva en contra de un hombre que atropelló a una unidad móvil de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) cuando dos agentes que iban a bordo de esta le pidieron detenerse por cometer varias infracciones de tránsito mientras se desplazaba en un camión por el municipio de Pedro Brand.

La medida será solicitada contra Asbel José Sánchez Novas, arrestado en flagrante delito luego de chocar la unidad móvil en la que viajaba el capitán Wilkin González Moreno y el sargento Diógenes Martínez Yan, ambos miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Digesett.

De acuerdo con la investigación de la fiscal Yessica Durán, el hecho ocurrió en el tramo II de la Circunvalación, del referido municipio, el 28 de abril, cuando los agentes le pidieron al procesado que detuviera el camión que conducía por cometer varias infracciones de tránsito como el uso del celular, un cristal roto, no uso del cinturón y franjas invisibles.

No obstante, cuando los agentes le hicieron cuatro señalamientos e intentaron detenerlo tratando de adelantar la unidad móvil, ficha 573, del vehículo Mitsubishi, rotulada con la identificación de la institución Digesett, frente al camión, el imputado en vez de acatar la orden de parada, atropelló la camioneta con los agentes a bordo, impactando y causándole daños al vehículo, quedando estos hechos captados por la cámara de un ciudadano que grabó los hechos con su teléfono celular y que luego lo subió a sus redes sociales.

Los hechos cometidos por el procesado han sido calificados de manera provisional como violación a los artículos 209, 2-95, 304 y 479 del Código Penal Dominicano.

A través de un comunicado de prensa, el órgano persecutor informó que en las próximas horas el imputado será presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste para el conocimiento de la medida de coerción. El imputado se encuentra detenido en el destacamento policial de Las Caoba hasta que se conozca la solicitud de medida de coerción.

Defensa de hermanos Espaillat no se opone a que caso del Jet Set vaya a juicio de fondo

Ruben Hernández/Jefe de Redacción/Editor Congreso

La defensa de los hermanos Maribel y Antonio Espaillat expresó, en sus conclusiones, que no se opone a que el caso del desplome del Jet Set vaya a juicio de fondo, como solicita el Ministerio Público.

La acusación del Ministerio Público establece que los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat Veras, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, hecho que dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridas el 8 de abril de 2025, cometieron homicidio involuntario.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público, sustentadas sobre todo en un informe pericial, determinaron en sus conclusiones que la causa principal del derrumbe o colapso de la discoteca Jet Set fue un patrón consistente de sobrecarga.

Esto se debió a la colocación de cuatro capas de finos de concreto con diferentes espesores, que sumaron un total de 37.5 centímetros, 14.7 pulgadas, además de equipos de aire acondicionado, tinacos, luminarias, plafones y el peso propio en las vigas postensadas.

También se identificó la ausencia de una columna en el lado oeste de la estructura que, según lo observado, fue demolida previamente.

MP solicita un año de prisión preventiva contra hombre que se hizo pasar por abogado y fiscal para cometer estafa

 

Ruben Hernández/Jefe de Redacción/Editor Congreso

El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución, sometió a la justicia y solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre que, haciéndose pasar por abogado y fiscal en ejercicio, estafó a varias personas.

El imputado Enercido Amaurys Heredia González, quien enfrenta cargos por estafa, usurpación de funciones y crímenes y delitos de alta tecnología, fue arrestado en flagrante delito dentro de las propias instalaciones del Ministerio Público, en plena ejecución del esquema fraudulento.

Durante las pesquisas han sido identificadas al menos cuatro víctimas directas, con perjuicio económico acreditado que ascienden a decenas de miles de pesos dominicanos, además de una extorsión tentada de RD$150 mil.

En la instancia depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público establece que inició una investigación contra el imputado Heredia González que determinó que, durante al menos los últimos dos años, de manera sistemática y deliberada, operó un esquema delictivo de suplantación de identidad, estafa, chantaje y extorsión.

Indica que para cometer el hecho delictivo se hacía pasar ante sus víctimas como abogado habilitado, condición que no posee, según certificación de la Secretaría General del Ministerio Público y verificación ante una universidad, y como fiscal en ejercicio del Ministerio Público.

Refiere que, valiéndose de un número de WhatsApp, configurado con el logo oficial del Ministerio Público, como foto de perfil, remitía citaciones falsas a sus víctimas involucrándolas en supuestos casos de homicidio, con el propósito de cobrarles honorarios anticipados por representación jurídica inexistente y, en los casos más graves, extorsionarlas bajo amenaza de arresto inminente.

En el proceso de investigación se ha establecido que Heredia González figura como estudiante activo de la carrera de Derecho en un centro universitario, sin título profesional. Durante un registro de persona le fue ocupado al imputado el carné de estudiante de la referida universidad.

A las víctimas, personas que conocía, le informaba que se había convertido en abogado, poniéndose a su disposición. Para cometer los hechos le hacía promesa de gestionarle asuntos jurídicos por cuales cobraba sumas en pesos y dólares. Algunas de las víctimas recibieron mensajes vía WhatsApp donde eran citadas por supuesta vinculación con hechos criminales.

El imputado también se ofreció como abogado defensor de una de las víctimas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y negoció honorarios que redujo de RD$300,000.00 hasta RD$40,000.00, solicitando RD$10,000.00 de anticipo.

El pasado 29 de abril de 2026, a las 09:03 de la mañana, el imputado se presentó con la víctima al edificio de la sede central del Ministerio Público, insistiendo en cobrar el saldo restante y mencionando detalles personales del entorno familiar de la víctima como instrumento de presión.

Momentos después, al preguntar la víctima en la recepción por un supuesto fiscal, la secretaria confirmó que no existía. El procurador fiscal, Miguel J. Collado García, quien se encontraba en la oficina, al percatarse de que el imputado Heredia González se encontraba estafando y presionando a la víctima con una citación falsa a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procedió al arresto en flagrante al imputado en las citadas instalaciones del Ministerio Público.

La solicitud está sustentada con distintas pruebas documentales, materiales y procesales, incluyendo el carnet de estudiante de la carrera de Derecho.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 405 y 258 del Código Penal Dominicano, que sancionan la estafa y la usurpación de funciones públicas, así como a los artículos 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

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