Por el Rev. Fidel Lorenzo/Pte. Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS). Sto. Dgo. RD.-

En medio de un escenario internacional convulso, marcado por tensiones geopolíticas y el impacto de conflictos como la guerra en Medio Oriente, la economía dominicana enfrenta presiones crecientes. El alza en los precios del petróleo, la inflación importada y el riesgo de desaceleración obligan al gobierno a buscar soluciones urgentes para mantener la estabilidad fiscal.

Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿debe la respuesta ser, una vez más, aumentar impuestos y cargar el peso sobre la clase media?

Diversos análisis apuntan a que existen alternativas más justas y eficientes, centradas no en recaudar más, sino en recaudar mejor y gastar con mayor racionalidad.

La evasión fiscal: el gran agujero
Uno de los principales problemas estructurales de la economía dominicana es la evasión fiscal, que representa una pérdida de recursos de enorme magnitud para el Estado. Estos ingresos no percibidos limitan la capacidad del gobierno para invertir en áreas esenciales como salud, educación e infraestructura.

Reducir la evasión no es una tarea sencilla, pero sí una de las más efectivas. Modernizar la administración tributaria, fortalecer la fiscalización y simplificar el sistema impositivo son pasos clave para cerrar esta brecha sin afectar a quienes ya cumplen con sus obligaciones.

Incentivos fiscales: ¿inversión o privilegio?
El país cuenta con un amplio esquema de incentivos fiscales otorgados a distintos sectores económicos. Aunque muchos de estos buscan fomentar la inversión y el empleo, no todos han sido evaluados rigurosamente en términos de su impacto real.

En la práctica, estos incentivos representan ingresos que el Estado deja de percibir. Por ello, una revisión integral del llamado “gasto tributario” permitiría identificar cuáles beneficios deben mantenerse, reformarse o eliminarse.

Subsidios: necesarios, pero mejor dirigidos
Los subsidios a la energía y los combustibles han sido herramientas importantes para mitigar el impacto de la inflación. No obstante, su diseño actual plantea desafíos importantes.

En muchos casos, estos subsidios no están adecuadamente focalizados, lo que significa que terminan beneficiando también a sectores de altos ingresos. Una mejor segmentación permitiría proteger a los más vulnerables y, al mismo tiempo, liberar recursos para otras prioridades.

Publicidad estatal: una oportunidad de ajuste
En tiempos de restricción fiscal, el gasto en publicidad gubernamental adquiere especial relevancia. Aunque la comunicación institucional es necesaria, su nivel actual puede y debe ser revisado.

Reducir este tipo de gasto, priorizando solo lo esencial, enviaría además una señal clara de compromiso con la austeridad.

El gasto corriente: eficiencia pendiente
El crecimiento del gasto corriente, especialmente en nómina pública y funcionamiento institucional, representa otro desafío clave. La duplicidad de funciones, la falta de controles y la baja eficiencia en algunos segmentos del Estado limitan el impacto del gasto público.

Un plan de austeridad bien diseñado podría mejorar la calidad del gasto sin afectar los servicios esenciales.

La clase media, en el centro del debate
En este contexto, la clase media dominicana observa con preocupación. A diferencia de otros grupos, no suele beneficiarse directamente de subsidios significativos, pero sí cumple con sus obligaciones tributarias a través de impuestos al consumo y retenciones.

Esto la convierte, en la práctica, en uno de los principales soportes del sistema fiscal. Cualquier reforma que ignore esta realidad corre el riesgo de profundizar las desigualdades y debilitar el tejido económico.

Una oportunidad para corregir el rumbo
La actual coyuntura no solo plantea desafíos, sino también oportunidades. Revisar la evasión fiscal, racionalizar los incentivos, mejorar la focalización de subsidios y optimizar el gasto público son medidas que podrían generar recursos importantes sin necesidad de aumentar impuestos.

Más que una crisis, este puede ser el momento de avanzar hacia un modelo fiscal más justo, eficiente y sostenible.

El debate está abierto. La clave será encontrar el equilibrio entre responsabilidad fiscal y justicia social, evitando que, como ha ocurrido en otras ocasiones, los mayores sacrificios recaigan sobre quienes menos margen tienen para soportarlos.